La investigación busca desentramar una red de presuntas coimas destinadas a generar disturbios y boicotear el inicio del ciclo lectivo 2026.  A través de un comunicado conjunto, los mandatarios locales cerraron filas con el Ejecutivo provincial para identificar a los "intereses económicos y sectoriales" que estarían detrás de este "atropello institucional". El documento apunta directamente contra un grupo de empresarios que, según denuncian, pretenden tomar como "rehenes" a los estudiantes para defender privilegios obtenidos en gestiones anteriores.

Desde la Casa de Gobierno, se recibió el respaldo como una señal de "orden y transparencia". El discurso oficial se centró en la idea de que Chubut ha entrado en una nueva etapa donde las reglas claras reemplazan a los acuerdos de cúpulas:

• No al retroceso: "No vamos a permitir que quienes durante años condicionaron a la provincia pretendan hacerlo otra vez", subrayaron desde el entorno de Torres. 

• Prioridad Educativa: La gestión reafirmó que la institucionalidad y el derecho a la educación "no se negocian" bajo ningún esquema de presión gremial o empresarial.

• Esta movilización política de los intendentes se da tras los allanamientos realizados en Trelew (incluyendo el domicilio del exfuncionario Gonzalo Carpintero) y las declaraciones de la ministra Florencia Papaiani, quien denunció la existencia de "autores intelectuales" interesados en desestabilizar la paz social antes de marzo.