El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa el régimen penal juvenil y encendió otra vez la discusión en el Congreso. Este lunes envió a Diputados un nuevo proyecto de ley que retoma la iniciativa de 2024, pero con un cambio clave: ahora detalla cómo se financiará su implementación.

La estrategia oficial es clara: tratamiento exprés. Según el cronograma acordado, este miércoles habría plenario de comisiones para sacar dictamen y el jueves el texto podría llegar al recinto.

Qué cambia (y qué no)

El proyecto mantiene la edad de imputabilidad desde los 13 años, uno de los puntos más sensibles del debate. El régimen se aplicaría hasta las 0 horas del día en que la persona cumpla 18, siempre que esté imputada por delitos del Código Penal o leyes especiales.

Desde sectores de la oposición dialoguista ya avisaron que podrían acompañar una baja a 14 años, pero no a 13, lo que anticipa un nuevo choque político.

El punto que trabó todo: la plata

La gran novedad está en el artículo 51, que fija el presupuesto total para aplicar la ley en $23.739.155.303,08.

• $3.131 millones saldrían del Ministerio de Justicia.

• $20.607 millones de la Defensoría General de la Nación.

En el debate anterior, el financiamiento era difuso y quedaba atado a readecuaciones presupuestarias del jefe de Gabinete, un mecanismo muy cuestionado. Ahora, el Ejecutivo busca blindar el proyecto con números concretos.

Los argumentos oficiales

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los problemas más graves del país y que la respuesta no puede ser solo punitiva. El texto habla de reinserción social y laboral, además de sanciones.

También apunta contra la actual Ley 22.278, vigente desde 1980, a la que considera desactualizada y fuera de los estándares constitucionales e internacionales.

Para reforzar su postura, el Ejecutivo remarca que Argentina está en minoría en la región:

• 12 años: Brasil y México.

• 13 años: Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

• 14 años: Chile, Colombia y Perú.

Qué incluye el nuevo régimen

El proyecto tiene más de 50 artículos y regula desde principios y garantías para adolescentes, hasta derechos de las víctimas, tipos de penas, institutos de detención especializados, controles estatales, medidas de salud y reglas de financiamiento.

El debate vuelve al centro de la escena y promete ser áspero. Con tiempos acelerados y posiciones cruzadas, el régimen penal juvenil se perfila como uno de los temas más calientes de la semana en el Congreso.