La medida busca mejorar la rentabilidad empresarial y la inversión privada, pero genera una fuerte tensión con las provincias, que verían reducidos sus ingresos coparticipables en $1,7 billones durante el 2026.

La discusión se centra en los tramos 2 y 3 del impuesto: el oficialismo propone bajar la alícuota del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente. Mientras que desde la Casa Rosada aseguran que "no está previsto ceder" para garantizar la competitividad argentina, varios gobernadores aliados ya marcaron un límite, advirtiendo que no pueden absorber una caída mensual promedio de $144.000 millones en sus arcas.

A pesar de la resistencia, una parte del oficialismo confía en que el resto de la reforma laboral cuenta con el consenso necesario. Sin embargo, el capítulo tributario podría convertirse en la "moneda de cambio" para lograr la aprobación del paquete completo. Por ahora, las fuentes oficiales indican que el dictamen desembarcará en la Cámara Alta sin modificaciones inminentes.