La medida, que sigue los lineamientos de la Resolución Conjunta 50/2025, busca reducir la estructura del organismo y fomentar el traspaso de agentes hacia el sector privado en el marco de la desregulación estatal.

El esquema permite que los empleados interesados suscriban acuerdos de desvinculación bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según informó el organismo, el objetivo es "ajustar la dotación a las necesidades funcionales" y optimizar el uso de los recursos públicos, permitiendo que quienes se adhieran puedan desarrollar proyectos propios o reingresar al Estado recién después de transcurridos cinco años.

Esta medida se suma a iniciativas similares en otras dependencias del Gobierno Nacional que buscan achicar el gasto público y modernizar la gestión administrativa. Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo es una herramienta "no forzosa" para mejorar la eficiencia operativa en áreas estratégicas como la infraestructura vial.