El conflicto por la expropiación de YPF vuelve a escalar. Argentina rechazó formalmente entregar información sobre las reservas de oro del Banco Central en el marco del juicio que se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde los beneficiarios del fallo reclaman una indemnización que ya ronda los USD 18.000 millones con intereses.
El pedido había sido impulsado por Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia, y fue presentado ante la jueza Loretta Preska. La respuesta del Gobierno fue clara: el oro pertenece al BCRA y no al Tesoro, por lo que el Ejecutivo no tiene acceso directo ni competencia para brindar esos datos.
Desde la defensa argentina explicaron que el Banco Central es un ente autárquico, con reservas que además cuentan con inmunidad y no son embargables. En ese marco, también se rechazó que el ministro de Economía, Luis Caputo, deba presentarse a declarar sobre la ubicación del oro.
“La República cumplió con un proceso de entrega de información exhaustivo y de buena fe”, señalaron desde la Procuración del Tesoro, que ya aportó más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de funcionarios.
Lejos de aflojar, Burford Capital busca endurecer el juego. Entre sus pedidos figura que la jueza declare a la Argentina en desacato, aplique multas diarias millonarias y considere al Estado como alter ego de organismos como el BCRA, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, para facilitar eventuales embargos.
El dato que incomoda: Burford compró los derechos del juicio por USD 16 millones y aspira a cobrar USD 16.000 millones, una rentabilidad cercana al 100.000%. “Esa diferencia sale del bolsillo de los argentinos”, remarcan fuentes oficiales.
Este jueves habrá una nueva audiencia en Nueva York y desde la Procuración anticipan una postura más firme e intransigente que nunca. La estrategia apunta a frenar los avances del fondo buitre y sostener que las exigencias judiciales chocan con la legislación argentina.
Mientras tanto, el calendario sigue corriendo: Burford podrá presentar un nuevo descargo en febrero y el pedido de sanciones recién se trataría hacia fines de marzo. Todo, en un contexto donde la sentencia aún podría ser revertida por la Corte de Apelaciones.
El juicio por YPF sigue abierto, el monto crece y la disputa suma capítulos. El oro, por ahora, queda fuera de la mesa.