El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la agenda política. La reforma del Régimen Penal Juvenil ya ingresó al temario del Congreso y propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años, permitiendo que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados y condenados.

La iniciativa fue incorporada a las sesiones extraordinarias a través del Decreto 53/2026, impulsada por las carteras de Seguridad y Justicia, con fuerte respaldo del presidente Javier Milei y de la senadora Patricia Bullrich.

Qué cambia con la nueva ley

Según explicó el abogado penalista Fernando Soto, asesor del oficialismo, el proyecto apunta a modificar un sistema que tiene más de 50 años. Hoy, los menores de 16 años son inimputables, incluso si cometen delitos graves, y los casos no avanzan judicialmente.

Con la reforma, los adolescentes desde los 13 años pasarían a integrar un régimen penal especial, similar al que rige en otros países de la región. “No se trata solo de bajar la edad, sino de cambiar qué hace el Estado con el menor que delinque”, explicó Soto.

Penas efectivas y sin reducción

Uno de los puntos más controvertidos es que no se reducirían las penas por tratarse de menores. Actualmente, la ley permite rebajar condenas a la mitad. Ese beneficio sería eliminado.

“Si comete un delito grave, sabe lo que hace y debe responder como un adulto”, sostuvo Soto, al señalar que la reforma habilita internación efectiva, educación obligatoria y seguimiento judicial, siempre en espacios separados de las cárceles de adultos.

Alternativas al encierro

El proyecto no se limita solo a la prisión. También contempla medidas alternativas, como prisión domiciliaria, uso de tobillera electrónica, tratamientos de desintoxicación, alejamiento de entornos familiares conflictivos y programas de educación, deporte u oficios.

El objetivo declarado es intervenir antes de que el delito se repita, algo que, según el oficialismo, hoy no ocurre.

Un debate que divide

La discusión volvió a ganar fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, caso que el Gobierno utilizó como ejemplo para reforzar la necesidad de la reforma. Desde el oficialismo sostienen que la falta de intervención estatal termina perjudicando tanto a las víctimas como a los propios menores.

“El menor que delinque muchas veces vuelve a hacerlo porque nadie lo controla”, argumentó Soto, quien remarcó que la reforma busca proteger a las víctimas y también evitar que los jóvenes terminen muriendo de forma violenta a temprana edad.

Con posiciones encontradas y alto impacto social, la reforma penal juvenil promete convertirse en uno de los debates más picantes del año en el Congreso. El proyecto ya está en marcha y la discusión recién empieza.