Esta mañana, un nutrido grupo de referentes del sector turístico se autoconvocó para expresar su malestar ante la clausura de dos miradores clave dentro del Área Protegida Península Valdés. La medida, tomada por los propietarios de las tierras, genera una fuerte preocupación en la actividad debido al impacto directo en los recorridos tradicionales.

Fernando Romeo, transportista y uno de los voceros de la protesta, cuestionó la pasividad estatal y la promesa de abrir senderos alternativos. "Tardaron dos años en remodelar el Istmo. En dos años nos pasan por arriba", manifestó con dureza en diálogo con la prensa, señalando la falta de celeridad en las obras públicas del sector. 

Desde el sector turísticos señalaron que, de no mediar una solución política, la única vía restante es la judicialización. Romeo afirmó que la acción legal sería directamente contra la familia Ferro, calificando el cierre de los miradores como un acto ilegal.

"El Estado tiene todas las armas como para ir hoy mismo y cortar el alambre, hacer un acta y abrir al público. No lo hace, y calculo que lo vamos a tener que hacer nosotros", sentenció el prestador, dejando entrever que el conflicto podría escalar si no se garantiza la libre circulación hacia los puntos de avistaje y recreación.