El protocolo antipiquetes volvió al centro de la escena política. El juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el CELS y declaró la nulidad de la resolución que estableció el esquema de intervención policial en marchas y cortes. El Gobierno respondió con dureza y adelantó que irá a la Justicia para revertir la decisión.

A través de un comunicado en X, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue contundente: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”. Para la funcionaria, el fallo representa “un avance de la vieja política”, que —según dijo— busca frenar una herramienta que, a su criterio, “le devolvió tranquilidad a los argentinos”.

Monteoliva remarcó que el protocolo tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que desde el Ministerio no están dispuestos a retroceder. La postura también fue replicada desde las cuentas oficiales de la cartera: “El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”, señalaron.

Qué dijo el juez

Cormick sostuvo que la resolución “carece de los elementos necesarios para ser un acto administrativo válido”, por lo que debía declararse su nulidad. Además, aclaró que cualquier persona que considere haber sido afectada por medidas tomadas bajo el protocolo puede denunciar individualmente ante la Justicia penal.

Según el fallo, el Ministerio de Seguridad se habría extralimitado al establecer mecanismos que, en la práctica, modifican leyes penales y procesales, algo que excede ampliamente las competencias de una resolución administrativa.

La respuesta del CELS

Tras conocerse el fallo, el CELS celebró la decisión y advirtió que el protocolo restringía derechos constitucionales. La organización sostuvo que el ministerio “legisló por resolución para limitar al máximo el derecho a la protesta”, dejando incluso por detrás al Congreso y al Poder Judicial.

Repercusiones sindicales

Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión judicial como “un avance contra la represión” y subrayó que una resolución ministerial “no puede estar por encima de la Constitución”. También apuntó que de haber intervenido antes, se podrían haber evitado “más de 1.400 heridos” en manifestaciones previas.

El debate ahora se traslada a la instancia de apelación, donde el Gobierno buscará revivir una herramienta clave de su política de seguridad, mientras organizaciones sociales y de derechos humanos celebran lo que consideran un límite judicial al avance del Ejecutivo.