El Gobierno de Mendoza decidió llevar a la Justicia a un grupo de padres que no completó el calendario de vacunación obligatorio de sus hijos. La medida, presentada en el marco de la Ley 27941, reactiva el debate sobre el rol del Estado y la responsabilidad en la salud pública.

Desde la gestión de Alfredo Cornejo confirmaron que se realizaron 10 denuncias judiciales ante casos detectados por el sistema de inmunizaciones provincial. El Ministerio de Salud y Deportes explicó que el objetivo es reforzar la prevención en un momento en que vuelven a crecer los casos de sarampión y coqueluche, enfermedades vinculadas al descenso de la cobertura vacunatoria.

La jefa del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, fue directa: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger”. También señaló que, aunque la vacunación escolar supera el 80%, el nivel necesario para evitar rebrotes debe ser mayor al 95%. El mayor déficit aparece en las vacunas de los 15 meses, una etapa donde suelen espaciarse los controles pediátricos.

La resolución 2572 marca el protocolo para los equipos de cada área sanitaria, encargados de verificar el cumplimiento del calendario a través del registro nominal digital, que abarca tanto al sector público como al privado.

La decisión provincial llega después de una polémica exposición antivacunas de la diputada chaqueña Marilú Quiróz, centrada en las vacunas contra el Covid-19 y rechazada por científicos y funcionarios. En respuesta, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y representantes de 22 provincias firmaron el documento “Las vacunas son seguras y salvan vidas”, donde se remarca que cada dosis tiene décadas de evidencia y eficacia comprobada.

Aunque Buenos Aires y Formosa no firmaron por cuestiones administrativas, ambas provincias respaldaron el contenido del texto.

En Mendoza, mientras tanto, el mensaje es claro: la vacunación es obligatoria, y el Estado está dispuesto a actuar para garantizarla.