La norma garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” y despenaliza el procedimiento para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos insoportables.

El proyecto fue impulsado por el Frente Amplio y obtuvo el respaldo de sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, logrando una amplia mayoría. La ley establece un protocolo médico con garantías y aclara que podrán acceder tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros residentes en el país.

“Es un derecho a decidir. No impone conductas ni sustituye lo existente”, sostuvieron los legisladores que defendieron la norma, destacando que se trata de una alternativa basada en la voluntad individual y el respeto a la dignidad humana.

Con esta decisión, Uruguay se convierte en pionero en la región al reconocer legalmente la eutanasia, abriendo un nuevo capítulo en el debate ético y sanitario sobre el final de la vida.