Tras cumplirse esos pasos, el tribunal de alzada deberá evaluar los argumentos de ambas partes antes de dictar una resolución definitiva sobre el monto de la condena y el futuro de las acciones.

Los demandantes pidieron además que la audiencia oral se lleve a cabo “lo antes posible” en 2026, lo que anticipa un proceso prolongado pero decisivo para el país.

Mientras tanto, YPF continúa bajo control estatal y la administración nacional refuerza su estrategia legal para atenuar el impacto económico y político que representa el caso.