La resolución, publicada en el Boletín Oficial, rige desde el 1° de septiembre y alcanza a contribuyentes con deudas en Ingresos Brutos, Sellos y Tasas, siempre que se adhieran al Plan de Facilidades de Pago Transitorio. Quedan afuera los casos de regalías, canon y multas asociadas.

“Las PyMEs representan más del 70% de los procesos suspendidos y son claves para el desarrollo provincial. Vamos a sostener la actividad con transparencia y planificación”, afirmó Torres al destacar la importancia del sector.

Con esta decisión, el Gobierno busca destrabar uno de los principales cuellos de botella para las empresas locales y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en un contexto económico complejo.