A través de la resolución 1198 del Ministerio de Economía, se instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a contratar a un banco público para tasar el 90% de las acciones del Estado que se pondrán a la venta. Esta medida se toma debido a que el Tribunal de Tasaciones no pudo completar la valoración en un plazo razonable.

La privatización se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, se venderá al menos el 51% de las acciones a un "operador estratégico" a través de una licitación pública internacional, con un plazo de ocho meses para la venta inicial. El remanente de acciones se comercializará posteriormente en la Bolsa. Con la llegada de capital privado, el Gobierno busca modernizar la empresa y mejorar el servicio de agua potable y cloacas en la región.

El proceso de venta se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR para garantizar la transparencia, y la Secretaría de Obras Públicas será responsable de la documentación técnica y contractual, asegurando que la privatización no afecta la continuidad del servicio.