

La medida, oficializada mediante la Resolución 1067/2025 del Ministerio de Economía, establece la licitación del 100% del paquete accionario de la compañía, en línea con el Decreto 198/2025 del presidente Javier Milei.
La Secretaría de Transporte, designada como autoridad para el proceso, deberá actualizar el inventario de bienes de Intercargo para su valoración de mercado y gestionar la rescisión del contrato de concesión vigente desde 1990, que otorgaba a la firma el monopolio del Servicio Único de Atención en Tierra (RAMPA). Este servicio ya fue desregulado por la gestión actual. Además, se instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar todas las acciones necesarias, incluida la contratación de un banco público para la valoración del capital accionario. El plazo para concretar la privatización se fijó en ocho meses .
El Gobierno justificó la privatización argumentando que Intercargo requirió asistencia estatal por unos $6700 millones entre 2020 y 2023 para garantizar sus operaciones. Sin embargo, desde fines de 2024, el Ejecutivo dejó de subsidiarla, desreguló el servicio y avanzó en un plan de apertura a privados. Esta decisión se da en un contexto de conflictos laborales previos, donde 15 trabajadores fueron despedidos por bloquear rampas en protestas, afectando a cientos de pasajeros. Esa situación fue utilizada por el Gobierno para acelerar la liberalización del servicio y otorgar nuevas habilitaciones a empresas privadas.
Intercargo, creada en 1961, actualmente brinda servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos argentinos. Sus clientes incluyen a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en el país, utilizando equipamiento propio o de Aerolíneas Argentinas. La privatización de esta empresa representa un paso significativo en la agenda de reforma del Estado propuesta por el Gobierno de Milei.