La medida contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente posee el Estado nacional, un proceso que se llevará a cabo en dos etapas.

En una primera instancia, se realizará una licitación pública nacional e internacional para vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico. Posteriormente, el remanente de acciones será ofrecido en bolsas y mercados del país, sin la implementación de un Programa de Propiedad Participada. Esta decisión se enmarca en la reciente modificación del marco regulatorio del servicio de agua potable y cloacas, que habilita la incorporación de capital privado y los cortes del servicio por falta de pago.

Según el decreto, el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de garantizar que el proceso de privatización no afecte la continuidad del servicio público esencial. Esta designación subraya el rol del Estado en la supervisión de la transición y la protección de los usuarios.