En plena cruzada por el recorte del gasto público, el Gobierno activó una bomba interna: confirmó más de 60 despidos en la Procuración del Tesoro y lanzó una investigación por filtraciones "sospechosas" que habrían beneficiado a fondos buitres como Burford Capital.

📉 De ajuste... y de inteligencia interna

La movida fue justificada con el clásico libreto libertario:

“Queremos una administración más ágil, moderna y eficiente”.

Pero la cocina de esta decisión huele a otra cosa: creen que alguien desde adentro pasó data clave sobre el juicio internacional por la expropiación de YPF, que hoy tiene al país en la mira de la Justicia yanqui.

🔎 ¿Topos en la Procuración?

Desde el Ejecutivo sospechan que hubo venta de información a los fondos extranjeros, justo en medio de las apelaciones en EE.UU.
“Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar”, deslizaron desde el oficialismo.

Mientras tanto, se barre la casa con escoba nueva:

• Se cerraron dos Direcciones Nacionales

• Se eliminó la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado

• Se recortó el personal en más del 20%

• Se achicaron áreas técnicas clave

Todo con la promesa de una gestión “centrada en resultados concretos”.

🎯 ¿Transparencia o purga?

Según el comunicado oficial, la purga busca “garantizar un uso responsable de los recursos”, en línea con la Ley Bases. Pero puertas adentro, hay tensión y miedo entre quienes aún mantienen el escritorio.

Los cambios también incluyen menos jerarquías, funciones reordenadas y recortes en viajes oficiales y comitivas. Pero lo más jugoso sigue siendo la investigación interna.

¿Quién vendió la info? ¿A cambio de qué? ¿Quiénes sabían?
Por ahora, todo bajo siete llaves, aunque se espera que haya novedades (y nombres) en los próximos días.

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