El Gobierno nacional apeló este jueves el fallo judicial que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de una condena por más de US$16.000 millones. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Con esta jugada, la Argentina se adelantó a la decisión pendiente de la jueza Loretta Preska, quien debía definir si aprobaba la ejecución del fallo o aceptaba el pedido oficial para suspenderla.

El plazo límite vencía el lunes 14 de julio, cuando el país debía depositar en custodia el paquete accionario mayoritario de YPF. Los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios del fallo, habían rechazado la suspensión.

La apelación busca frenar una medida sin precedentes y evitar que la Argentina pierda el control de la petrolera estatal.