Tras el escándalo por el fallo de YPF, la Casa Rosada se enfrenta a otro frente judicial: apelará una sentencia del CIADI que la obliga a pagar US$716 millones a la empresa AES Corporation por la pesificación de los contratos de concesión de la represa Alicurá, realizada tras la salida de la convertibilidad.

El Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, ya trabaja en una estrategia para pedir la anulación del fallo, lo que permitiría frenar su ejecución mientras se analiza la apelación. En el Gobierno aseguran que “no hay plata para pagar” y que no planean endeudarse para hacerlo.

La empresa norteamericana había reclamado que la Argentina violó el Tratado Bilateral de Inversiones con EE.UU. en 2002, al modificar los contratos y congelar tarifas. Aunque el reclamo original era por US$1.814 millones, el tribunal internacional otorgó una cifra menor pero igual de millonaria.

Si el CIADI acepta el pedido argentino, se constituirá una nueva comisión que podría extender el litigio por varios meses. Mientras tanto, la estrategia oficial es dilatar pagos y evitar acuerdos directos, como ya sucede en otros juicios abiertos por el Estado.

Con varios frentes judiciales en simultáneo, el Gobierno busca evitar una nueva sangría económica. A la causa de AES se suman los fallos por YPF, el Cupón PBI y la empresa Webuild, lo que eleva el total de sentencias adversas a más de US$18.000 millones.