

El Gobierno nacional acelera la motosierra antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas por el Congreso, y ya tiene listo un decreto bomba: se disolverían varios organismos vinculados al transporte y la infraestructura vial, entre ellos Vialidad Nacional, la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito.
Según trascendió, las funciones pasarían a estar bajo control de la Secretaría de Transporte, una nueva Agencia de Control de Concesiones y hasta la Gendarmería Nacional, que asumiría tareas de control vehicular en rutas.
El impacto ya se siente en las provincias. En Chubut, 169 agentes de Vialidad Nacional quedarían en el aire. Manejan más de 2.200 kilómetros de rutas nacionales, y hasta el momento no recibieron comunicación oficial sobre su futuro.
Desde el gremio apuntan a un “ajuste encubierto”:
“Nos mienten con el ajuste, pero van a terminar gastando el triple. El mantenimiento que hacemos nosotros cuesta un tercio de lo que cobra una empresa privada”, afirmaron.
El sindicato denuncia que la situación se veía venir hace más de un año, pero que se enteraron del decreto “por los medios”.
La idea del Ejecutivo es evitar superposiciones, según justifican desde la Casa Rosada. En el caso de la CNRT, sus funciones ya habían sido recortadas con decretos anteriores. Y con esta nueva medida, la Gendarmería pasaría a tener el control de tránsito en las rutas.
La ANSV también perdería funciones clave, como el scoring de licencias y el registro de siniestros, que serían absorbidas por organismos aún no definidos.
Aunque el texto no fue difundido oficialmente, fuentes del Ejecutivo aseguran que su publicación es inminente y que el anuncio podría darse antes del 8 de julio, fecha límite para firmar medidas sin el aval del Congreso.
Mientras tanto, crece la tensión en todo el país por el impacto que podría tener esta reestructuración en el sistema de transporte y en el empleo estatal.