

El decreto 366/2024, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, introduce cambios clave en la Ley de Migraciones (25.871). El objetivo: “ordenar el sistema migratorio”, reforzar los controles y restringir derechos a quienes no tengan residencia permanente.
Estos son los puntos más destacados:
Se limita el acceso gratuito a la salud pública a personas extranjeras sin residencia permanente.
Para recibir atención médica habitual, se deberá presentar un seguro de salud o pagar previamente el servicio.
Emergencias médicas quedan garantizadas, sin importar la situación migratoria.
Niños, niñas y adolescentes no podrán ser excluidos de la educación inicial, primaria o secundaria.
Sin embargo, las escuelas deberán orientar sobre cómo regularizar la situación migratoria de cada estudiante.
Se redefine la residencia en tres categorías: permanente, temporaria y transitoria.
La “residencia precaria” tendrá un límite de 90 días y no otorgará derecho a quedarse.
El Gobierno amplió la lista de motivos para negar el ingreso o expulsar a extranjeros. Entre ellos:
Presentar documentación falsa o adulterada.
Ocultar antecedentes penales o condenas.
Celebrar matrimonios fraudulentos con fines migratorios.
Ingresar por pasos no habilitados o fuera de horario.
Tener antecedentes penales incluso sin condena firme.
Promover el ingreso ilegal de personas o lucrar con ello.
Realizar actividades distintas a las declaradas al ingresar (turismo, trabajo, etc.).
Haber sido extraditado o condenado por crímenes graves.
Se exigirá a todo extranjero una declaración jurada con el motivo de ingreso, seguro de salud y demás requisitos.
Migraciones podrá rechazar el ingreso si detecta inconsistencias, documentos inválidos o riesgos sanitarios o de seguridad.
La prohibición de reingreso será de al menos 5 años.
Se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que buscará atraer extranjeros con capacidad de invertir y aportar al crecimiento económico del país. Dependerá del Ministerio de Economía.