CORRUPCION

El Tribunal Federal de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, a una pena de prisión en suspenso por defraudación a la administración pública en la causa conocida como “PIMP” o “Lavado II”. En el caso, Jacinto Sampayo fue condenado por lavado de dinero y las penas más duras recayeron en los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro, Pedro Martínez y Eulalio Bouza.

Pertenecían a Muñoz y Manzanares, acusados de ser testaferros de la familia Kirchner. Se debieron subastar en la gestión de Alberto Fernández pero nunca se pidieron los informes de dominio. La gestión de Milei las quiere vender.

La presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ante la Fiscalía Federal de Resistencia señalan que el ingeniero Hernán Halavacs, actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, tramitó el 40% de los desmontes en los últimos 10 años. Advierten sobre una “puerta giratoria” para habilitar negocios forestales en detrimento del ambiente por la que también apuntan a diputados provinciales y exfuncionarios. Solicitan una cautelar que suspenda la aplicación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobado por la Legislatura chaqueña en la madrugada del 30 de abril.

José Codazzi, el abogado cercano a Gustavo Valdés, fue el encargado de llevar a la tía a declarar en la justicia provincial. Las publicaciones en redes sociales del mandatarios anunciando esclarecimiento del caso Loan.

La participación del gobernador en el caso del menor desaparecido puso en jaque una crisis política: “Valdés, compadre, hacete responsable”. Las calles de Corrientes reclamaron...

Comenzará con tres propiedades de Daniel Muñoz y Víctor Manzanares. Hay 20 viviendas decomisadas por el exjuez Bonadio sobre las que el Estado todavía no tomó posesión.

El Juzgado Laboral Nº 1 de Resistencia hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Producción del Chaco que mantenga en sus puestos laborales a 32 trabajadores y trabajadoras jornalizados del programa “Hábitat” y que participaron del concurso de pase a planta suspendido por el Superior Tribunal de Justicia. El gobierno de Zdero ya apeló la resolución judicial.

Es en la causa impulsada por concejales de la oposición que piden a la justicia que se declare inconstitucional y nula la aprobación de esa ordenanza con apenas seis votos cuando se requerían los dos tercios en el Concejo Municipal. En este caso, la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa no ha actuado con la misma celeridad con la que lo hizo a favor del Municipio cuando pidió la declaración de lesividad de los pases a planta.