CORRUPCION

Impacta el nivel de persecución que está ejecutando el gobierno del Chaco contra los medios y periodistas críticos en la provincia. En los medios...

Según se conoció a través de registros oficiales en esta semana, el gobierno de Leandro Zdero destinó cerca de 2800 millones de pesos en...

Sin expectativas de reactivación por falta de financiamiento, las empresas Semisa y Chediack levantan todo para ponerle punto final a la ilusión de la...

La cumbre “NextGen Leadership Conference 2024” abordará temas como “Gestión de emociones”, “Los medios de comunicación en estos tiempos” y “Libertad de expresión”, ejes...

La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.

En el marco de la investigación por delitos de lesa humanidad cometidos contra los clérigos de las parroquias de Quitilipi y Machagai, Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, este martes la jueza Federal, Zunilda Niremperger, tomó declaración indagatoria al exsub oficial de la Policía del Chaco, Gabino Manader. El represor dijo que no estuvo en el lugar de los hechos, que no conocía a los prelados y que tampoco coincide con la descripción realizada por los denunciantes. Núñez falleció este martes, en Rosario, mientras Manader declaraba.

La presentación fue realizada por una organización ambientalista chaqueña y solicita que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco declare inconstitucional la polémica ley 4005 R aprobada por el Parlamento chaqueño en la sesión extraordinaria del 30 de abril pasado. Para los denunciantes, además de no respetar los procedimientos formales, la normativa “disminuye las condiciones de tutela existentes” y a la vez, “genera la consolidación de un modelo de expoliación del monte nativo”. Se suma a la denuncia penal ante la justicia federal contra la denominada “Mafia del desmonte”.

Mariano Macri denunció penalmente al grupo empresarial de su familia por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.