Esta semana los grupos paramilitares que operan al servicio del régimen fueron integrados oficialmente a la Constitución Política de Nicaragua bajo el nombre de “policías voluntarios” aunque ya venían trabajando en la represión desde el 2018
La dictadura de Nicaragua los llama “policías voluntarios” y con ese nombre se les incluyó en las recientes reformas constitucionales. La población los nombra como “los paramilitares de Daniel Ortega”, y el nicaragüense diario La Prensa los bautizó como “Ejercito del terror”.
Se trata de una fuerza militar integrada por civiles, principalmente por ex militares y funcionarios del Estado, creada por Daniel Ortega para reprimir a los opositores tras la rebelión ciudadana de 2018. Ahora la dictadura la ha oficializado en la Constitución Política de Nicaragua.
Este ejército es el equivalente a los “Colectivos” del régimen chavista de Venezuela, y se encargó de acompañar a la Policía para desmontar violentamente las más de cien barricadas levantadas por estudiantes y campesinos, principalmente, que para mayo de 2018 paralizaban el país. La represión se saldó con al menos 355 personas asesinadas entre 2018 y 2019, según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Este martes, a pedido del dictador, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política que crea la “Policía voluntaria” pese a que este cuerpo armado ya venía actuando con ese nombre en la represión contra quienes consideran opositores.
Encapuchados, uniformados y gritando consignas, esta semana fueron juramentados al menos 10 mil de estos paramilitares en distintas ciudades de Nicaragua.
“En cada policía voluntario hay una familia comprometida con la paz y la seguridad, una familia comprometida con nuestra revolución, con su triunfo y logros; familias que con orgullo respaldan el noble empeño de ustedes de garantizar la paz”, declaró el miércoles pasado en el acto de juramentación de Chinandega el comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional.
La oposición ha denunciado que la norma legal trata de darle fuerza constitucional al ejército paramilitar que se creó en 2018 para reprimir a la población en 2018 cuando disparó a mansalva contra manifestaciones y barricadas de protesta.
En un primer momento, Ortega se desmarcó de estos civiles armados y los atribuyó a “grupos organizados y financiados por traficantes de drogas y los Estados Unidos”. Luego dijo que eran policías voluntarios. En una entrevista a un medio noruego en febrero de 2019, Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, reconoció que la mayoría de los paramilitares eran “policías profesionales” en “operaciones ocultas”, y que el resto, dijo, eran “policías voluntarios”.
En los actos de juramentación ha quedado claro que el objetivo principal es más político que de seguridad ciudadana. En la juramentación de Chinandega, el secretario político sandinista de ese departamento, José Manuel Espinoza, advirtió “a los vendepatrias y desestabilizadores a no jugar con la paz y el bienestar del país”.
“Que no se atrevan los golpistas a querer desestabilizar nuestro país porque se van a encontrar con la fuerza absoluta de nuestra Policía Voluntaria y se van a encontrar con la fuerza del pueblo nicaragüense en defensa de la paz. En nuestro país con la paz no se juega y el que quiera jugar con la paz, aquí está nuestra Policía Voluntaria”, señaló en su discurso.
Para un especialista en seguridad ciudadana, el ejército paramilitar que opera en Nicaragua al servicio del régimen de Daniel Ortega tiene fecha de nacimiento: 23 de abril del 2018.
Ese día, una casi desconocida organización de militares retirados y exagentes de seguridad sandinista envió una carta a Rosario Murillo poniendo la estructura a su disposición para aplacar la rebelión ciudadana que estaba comenzado.
La organización, llamada Consejo Defensores de la Patria (CODEPAT) decía tener unos 23 mil afiliados.
“En ese momento es que nacen los paramilitares”, dice. “El uso de fuerza letal para enfrentar las manifestaciones de protestas contra el régimen es nuevo. Es a partir del 19 de abril (de 2018). El 18 todavía fueron grupos de choque: vagos, pandilleros, y miembros de la Juventud Sandinista”.
La población observó horrorizada como, al estilo Estado Islámico, caravanas de hasta 50 camionetas con entre siete y 12 civiles armados cada una, se movilizaron ciudad por ciudad, barricada por barricada, para desbaratar la resistencia, en la llamada “Operación Limpieza”.
El primer gran núcleo nutriente de este ejercito paramilitar o parapolicial es CODEPAT, asegura el experto, “pero también hay reclutamiento a través de los Comités del Poder Ciudadano (organismo de simpatizantes del gobierno en los barrios), de los alcaldes sandinistas, de pandilleros, jóvenes en situación de riesgo social, gente dedicada al narcomenudeo, consumidores de droga, etcétera. Es una mezcla de militares retirados del antiguo ejército sandinista, de agentes de la seguridad del Estado de los años 80 con estos grupos de delincuentes”.
El antecedente del ejército paramilitar creado en 2018 fueron los llamados “Grupos de Choque” del partido de gobierno, Frente Sandinista, que, como las hordas fascistas de Mussolini en la Italia del siglo pasado, atacaban armados de palos, machetes y piedras a los adversarios políticos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) organizado por la OEA, que llegó a Nicaragua por invitación del régimen para investigar los hechos violentos de 2018, concluyó que la Policía y los paramilitares usaron armas de guerra contra los manifestantes.
El su informe del 21 de diciembre del 2018, el GIEI identificó el uso de armas de guerra como el AK-74, el fusil de francotirador Dragunov, la ametralladora PKM, y rifles M16, entre otros, por parte de la policía y de grupos paramilitares para atacar a manifestantes.
Con más de 300 personas asesinadas, y señalamiento de crímenes de lesa humanidad, el régimen de Ortega registró el encarcelamiento de un único paramilitar, condenado por delitos comunes y quien, sin embargo, fue liberado poco después a través de una amnistía para delitos políticos.
Se trata de Pierson Gutiérrez Solís, un ex soldado del Ejército, instructor de taekwondo, quien usó una carabina M4 para asesinar la noche del 23 de julio de 2018 a la brasileña Raynéia Gabrielle da Costa Lima Rocha, de 31 años, quien estudiaba el último año de Medicina en la Universidad Americana (UAM).
Debido a la presión que mostró el gobierno brasileño y los familiares de la joven asesinada, Gutiérrez Solís fue condenado, una semana después del crimen, a 15 años de cárcel por “homicidio, portación y uso ilegal de arma de fuego”.
Sin embargo, en junio de 2019, Pierson Gutiérrez Solís salió libre de la cárcel y fueron borrados todos sus antecedentes penales, gracias a una ley de Amnistía que promulgó Daniel Ortega para los delitos que se cometieron en el contexto de las protestas de 2018.
La Prensa, un diario nicaragüense que funciona desde el exilio, llamó la atención sobre los pasamontañas que usan los paramilitares, sin que haya ninguna norma legal que lo justifique.
“El artículo 25 de la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (Ley 872), así como la Constitución Política reformada, indican que ´los policías voluntarios deben de estar debidamente uniformados y con distintivos´, y que únicamente realizan tareas de apoyo en labores de ´prevención para vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito, desastres naturales, preservación de lugares donde se han cometido delitos y auxiliando víctimas´. En ninguna parte se habla del ocultamiento del rostro”, señala
