Infancia en Deuda junto a otras organizaciones presentaron un amparo contra el Congreso para exigir que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes no quede acéfala a partir de febrero.
Las organizaciones integrantes del Colectivo Infancia en Deuda, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron un amparo ante la inminente acefalía de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecida por la Ley 26.061.
En efecto, dicha ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue sancionada en 2005, crea la figura de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “con el objeto de velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”.
El 28 de febrero de 2020, luego de haber atravesado un concurso de oposición y antecedentes que comenzó en 2017, la Defensora juró ante el Senado de la Nación por un período renovable de 5 años. Así las cosas, el próximo 28 de febrero vence el mandato de la actual Defensora, y los niños y adolescentes de nuestro país quedarán desprotegidos de no darse curso a la acción judicial.
La acefalía de la Defensoría implica que perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia.
Para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), el amparo de Infancia en Deuda y otras organizaciones requiere, por un lado, que el Senado nombre a los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de la celebración del concurso público para cubrir el cargo de Defensor o Defensora. El objetivo es asegurar que el Congreso desarrolle el concurso y designe a las nuevas autoridades de la Defensoría con la mayor celeridad posible.
Por otro lado, el amparo solicita que, hasta tanto no se celebre el concurso público, se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, a fin de evitar daños irreparables a los niños.
Por eso, el escrito demanda cautelarmente la designación de una (o más) personas idónea/s para ejercer las funciones de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde el cese del mandato de la Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad conforme a la ley vigente.
En conclusión, el amparo y su medida cautelar tienen por objeto asegurar el funcionamiento de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cómo institución fundamental para la promoción y protección de sus derechos.
Con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en 2005, se crea la figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.
El Organismo funciona de manera independiente, autónoma, autárquica y federal para garantizar y monitorear que no se vulneren los derechos de NNA. Las principales funciones de la Defensoría son la interposición de reclamos judiciales y/o administrativos, la supervisión y el sometimiento a auditoría de todo el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la recepción de reclamos de NNA, entre otros.
Desde su puesta en funcionamiento en 2020, la Defensoría procesó 2.559 requerimientos de NNA que derivaron en 310 casos y, solamente en el 2024, 463 actuaciones administrativas. Es posible identificar, entre las causas judiciales iniciadas, algunos procesos colectivos que afectan a comunidades enteras de niños y niñas. Por ejemplo, lleva un reclamo por el acceso a becas escolares que puede impactar en más de 1,2 millones de adolescentes en situación de pobreza.
La designación de un Defensor se logró recién en 2020, con casi 15 años de demora. Hoy, a 20 años desde la sanción de la ley, las funciones de la Defensoría se encuentran en riesgo.
Fuente: Parlamentario
