Se trata de Martín Antonio Rossi, quien venía trabajando dentro del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Además, Héctor Huici es el nuevo subsecretario de Simplificación y Desregulación
El Gobierno formalizó este martes la designación de dos funcionarios en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quienes ya habían sido designados en sus cargos en agosto del año pasado pero que a partir de ahora tendrán un cambio de nombre en sus roles.
Mediante el decreto 24/2025, se estableció que Martín Antonio Rossi será el Secretario de Desregulación, cuya tarea será seguir acompanando a Federico Sturzenegger en la flexibilización de los trámites y la burocracia del Estado; y Héctor María Huici, el subsecretario de Simplificación y Desregulación.
“Ambos ya habían sido designados en sus cargos en agosto pasado y hoy simplemente se oficializaron bajo el cambio de nombre de sus roles; en el caso de Rossi, ahora bajo el nombre de Secretario de Desregulación y en el de Huici, de Desregulación y Simplificación», aclararon desde la cartera.
Huici es abogado y fue secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016. También tuvo un paso por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora bien, la Secretaría de Desregulación, encabezada por Rossi, tendrá un papel central en la ejecución de una política orientada a simplificar y desburocratizar los trámites y procesos del Sector Público Nacional. Entre sus principales objetivos se encuentra la revisión y eliminación de normativas que generen barreras innecesarias al libre funcionamiento del mercado, con el fin de fomentar una mayor competitividad y dinamizar la economía.
Esta secretaría también estará encargada de proponer actos administrativos que simplifiquen la oferta de bienes y servicios, eliminando restricciones que distorsionen los precios de mercado. Este enfoque buscará reducir costos para el sector productivo, facilitando el acceso al crédito y disminuyendo la carga regulatoria que afecta tanto a empresas como a ciudadanos.
Además, la secretaría deberá revisar exhaustivamente toda normativa que genere trabas burocráticas, coordinando sus acciones con otras áreas de la Administración Pública Nacional. Otro punto clave será la promoción de estándares internacionales de calidad regulatoria para alinear las políticas nacionales con las mejores prácticas globales, algo que permitirá facilitar la competitividad y promover un entorno económico favorable para el desarrollo productivo.
Uno de los desafíos más ambiciosos será modernizar los procesos administrativos a nivel nacional, provincial y municipal, mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas que optimicen la interacción entre el Estado, los ciudadanos y el sector productivo. Esto incluye la implementación de un gobierno digital eficiente, que reduzca la necesidad de trámites presenciales y simplifique el acceso a los servicios públicos.
La agenda de reformas estructurales impulsada por esta secretaría también incluye la revisión de esquemas tributarios y excepciones impositivas, con el propósito de eliminar privilegios que distorsionen el mercado y obstaculicen el crecimiento económico. En este marco, se promoverán reformas que impulsen la creación de empleo y la atracción de inversiones, buscando además reducir las desigualdades en las estructuras tributarias.
Por último, la secretaría jugará un papel crucial en la estrategia de inserción internacional de Argentina, participando en foros y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto permitirá al país fortalecer su posición en el mercado global, mediante la adopción de políticas que faciliten el comercio y la cooperación internacional.
En conclusión, junto al Poder Ejecutivo y otras áreas de la administración, esta secretaría buscará reducir el gasto público, eliminar privilegios que distorsionan el mercado y aumentar la eficiencia estatal marcando la agenda del ministerio que conduce Sturzenegger. Además, se enfocará en diseñar políticas que promuevan una agenda de calidad regulatoria, alineada con estándares internacionales, para fortalecer el vínculo entre el Estado, los ciudadanos y el sector productivo, fomentando así el desarrollo económico y la inserción competitiva de Argentina en el mercado global.
