La Corte pidió a los militares abandonar la represión en contra de los ciudadanos en medio de la escalada represiva. Denunciaron los vínculos del régimen con el narcotráfico y la corrupción internacional y solicitaron a los países del TIAR su intervención inmediata
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia democrático de Venezuela, que opera desde el exilio, emitieron un comunicado dirigido al pueblo venezolano y a la comunidad internacional en el que exhortaron a la Fuerza Armada Nacional a actuar en apego a la Constitución y solicitaron la asistencia de la comunidad internacional para restablecer la democracia en el país.
En el documento, firmado por varios magistrados, incluido el presidente del tribunal, Antonio Marval Jiménez, se insta a las fuerzas armadas a abstenerse de reprimir las manifestaciones pacíficas y proteger a los ciudadanos. Asimismo, pidieron a los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) su intervención inmediata para “la protección de la soberanía popular, el restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos”. Según los magistrados, el régimen de Nicolás Maduro ha “sobrepasado todos los límites” al mantener lo que califican como una dictadura represiva y violatoria del orden constitucional.
En declaraciones ofrecidas a la emisora Radio Mitre, de Buenos Aires, Marval Jiménez destacó la gravedad de la situación en Venezuela, describiéndola como una crisis política y humanitaria con repercusiones no solo para el país, sino también para el hemisferio. «Nuestro llamado es a la Fuerza Armada Nacional para que cumpla con su juramento y proteja a los venezolanos, pero también necesitamos el apoyo de la comunidad internacional», afirmó.
El magistrado subrayó la importancia de que la comunidad internacional, especialmente los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mantengan atentos a los acontecimientos en Venezuela. Según Marval, es necesario que se activen mecanismos como el TIAR para coordinar acciones conjuntas en apoyo al pueblo venezolano. Además, destacó la postura solidaria de varios países, incluyendo a Argentina, y agradeció su compromiso con la crisis venezolana.
Marval también señaló que, además de la crisis política, el régimen de Maduro está implicado en delitos que trascienden las fronteras, como el narcotráfico, el lavado de capitales y casos de corrupción vinculados a tramas internacionales como Odebrecht y el Foro de Sao Paulo. «Estos delitos tienen repercusión no solo en América, sino incluso más allá del hemisferio“, aseguró.
Detenciones y violaciones de derechos humanos
El viernes pasado, Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato en forma inconstitucional, usurpando el cargo para el que fue electo Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio. Maduro fue proclamado ganador de los comicios sin que se presentaran las totalizaciones de escrutinio y en medio de un gran descontento popular en Venezuela debido a la crisis económica ocasionada por el chavismo.
Nicolás Maduro juró inconstitucionalmente como presidente de Venezuela
La oposición, por su parte, asegura haber ganado la elección de la mano de Urrutia, y difundió más del 80% de las actas de totalización obtenidas por sus testigos en las mesas de votación en todo el país. Desde entonces, el régimen de Maduro escaló en una ola de persecución política que tiene en la mira a la líder de la disidencia, María Corina Machado, y el presidente electo, Edmundo González Urrutia.
Según la organización no gubernamental Foro Penal, 83 personas fueron detenidas durante las protestas recientes en rechazo al tercer mandato de Maduro.
En este contexto, Marval expresó confianza en que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puedan contribuir a encaminar la situación y ejercer presión sobre el régimen. Sin embargo, reconoció las dificultades que implica enfrentar un gobierno con el control de las instituciones estatales.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio concluyeron su mensaje reiterando su compromiso con el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela y el respeto a la voluntad del pueblo.
