El director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social remarcó que el ministro saliente de la Corte no egresó de una universidad pública como exige la ley para integrar el Máximo Tribunal y consideró que Ariel Lijo, que se recibió en la UBA, “no es ni mejor ni peor que otros jueces”
“Los problemas que tiene la Justicia son demasiado grandes. Lijo no es ni mejor ni peor que otros jueces y no tiene que ser el chivo expiatorio para tapar un tema que es más importante”, advierte el director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, Guido Croxatto.
Para este abogado argentino, especialista en Derechos Humanos y con posgrados en el exterior Derecho Público y Constitucional, profesor en la Universidad de Kiel, en Alemania, y abogado del expresidente peruano Pedro Castillo, hay un Poder Judicial con “muchos privilegios” entre los que destaca una contradicción con el actual proceso de designación de los futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia: la diferencia entre la opinión de los medios sobre la designación del saliente Juan Carlos Maqueda, en 2002, y las eventuales controversias que pesan sobre los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
“Tenemos un Poder Judicial con jueces con muchos privilegios. Tenemos jueces millonarios en un país pobre, jueces que no declaran todo su patrimonio, jueces que no pagan impuestos. Hay mucho nepotismo en el Poder Judicial, todos nombran a sus hijos, todo eso está mal e implicaría una reforma del Poder Judicial. (Elena) Highton de Nolasco incluso presentó un amparo en su momento para quedarse en la Corte. Hay jueces que no cumplen con la ley, es paradójico», insiste Croxatto, como introducción al tema central que le preocupa: los espacios vacantes en la Corte y su proceso de selección.
– ¿Cómo aplica esta reflexión al caso de la nominación de Ariel Lijo?
– En el caso de Lijo (la discusión) está sobreactuada. No es ni mejor ni peor que otros jueces. Si uno pone la lupa en los magistrados que ahora están en la Corte Suprema, quiero hacer foco en el caso de Maqueda. Fue nombrado por (Eduardo) Duhalde, que no fue elegido democráticamente. Es decir que ya tenía un vicio de origen político, nombrado en una transición, sin mandato popular. Además no cumplía con un requisito formal: ser egresado de una universidad nacional. Por eso Macri cambia ese requisito para que todos los abogados egresados de universidad privada puedan ser jueces. Pero esa modificación deja a salvo el artículo 4 del decreto 1284, que exige que los jueces de la Corte y el Procurador sean de universidad nacional. Y “nacional” se entiende como universidad pública. Requisito que Maqueda no cumple. Es un aspecto técnico pero fundamental que quiero poner sobre la mesa. Y García-Mansilla tampoco, es egresado de la Universidad de El Salvador.
– ¿Usted sugiere que Lijo tiene más “derechos” que Maqueda para integrar el Máximo Tribunal?
– Lijo está en lo formal más habilitado que Maqueda, que no cumplía con el requisito de ser “abogado de universidad nacional” como exige la ley. ¿Por qué no cuestionamos lo de Maqueda y cuestionamos a Lijo que es un abogado de la UBA y cumple con el reglamento?
– ¿Por qué?
– Porque en el medio de la crisis que vivía Argentina en ese momento parecía un asunto menor. Pero con el tiempo vemos que no es menor.
– ¿Y por qué es importante que un ministro de la Corte haya egresado de la universidad pública?
– Como dijo (Horacio) Rosatti, todo termina en la Corte. A su vez esto refleja otro problema, que es la judicialización creciente de la vida política. Eso es un problema en cualquier democracia porque lo que está mostrando es que hay otros espacios de la vida política que no funcionan bien: no funcionan la negociación, los acuerdos, el consenso, muchas veces no funciona el Congreso o los partidos políticos como estructura que dialogan entre sí. Entonces cualquier conflicto se judicializa y le damos al Poder Judicial la última palabra.
– ¿Qué problemas trae a nivel político que el Poder Judicial tenga la última palabra?
– Esto genera una tensión. En la academia se conoce como la tensión entre el constitucionalismo y la democracia. Roberto Gargarella, un constitucionalista destacado, que en cualquier otro país sería él juez de la Corte Suprema, suele decir que el control constitucional termina dejando en muy pocas manos cuestiones que son de las mayorías o de la vida pública.
– ¿Coincide con Gargarella?
– Yo creo que Gargarella tiene razón. Creo que Argentina tiene muchos problemas con el control constitucional y con la administración de justicia. Por eso es tan importante que los candidatos que se proponen cumplan con las formalidades que dice la ley. A diferencia de cuando nombraron a Maqueda, hoy la Argentina vive una situación de mayor estabilidad y está muy bien que nos fijemos quiénes son los jueces que llegan a la Corte porque se supone que son los mejores juristas del país y Argentina no los está poniendo.
– De todos modos, se entiende que la crítica a Milei por la postulación de Ariel Lijo no tiene que ver con el origen formativo sino por las objeciones que algunos sectores hacen a su desempeño como juez.
– Sí, las mayores críticas tienen que ver con su desempeño como juez. Sin embargo, yo creo que lo primero que debe destacarse es que el candidato cumpla con los requisitos formales y luego analizaremos las demás cuestiones que hacen al recorrido académico y profesional del candidato. Simplemente quiero señalar que nadie dijo que Maqueda no cumplía con este requisito formal y fue más de 20 años juez de la Corte. Y nadie dijo nada.
– ¿Nadie dijo nada porque era buen jurista?
– Tampoco fue un gran jurista. Creo que lo más destacado que hizo fue su firma en disidencia con Lorenzetti del fallo Muiña (N. de la R: el 3 de mayo de 2017, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti, resolvieron habilitar la posibilidad de que un condenado por delitos de lesa humanidad pudiera beneficiarse de la aplicación del 2 por 1 establecido por el artículo 7° de la Ley 24.390; luego, el Congreso sancionó una ley que estableció que el 2 por 1 no es aplicable a genocidas).
– ¿Por qué considera, como dijo antes, que la crítica a Lijo está sobreactuada?
– Me parece que se sobreactúa la crítica a Lijo por dos cuestiones. Una es por el solo hecho de que lo nombra Milei. Más allá de que yo no coincido en muchas cosas con Milei no lo vamos a criticar sin argumentos. Hay muchos jueces que han tenido fallos polémicos que no se han hecho públicos. Lijo no es ni mejor ni peor que otros jueces y cumple con el requisito formal de haber sido egresado de universidad nacional, algo que tiene que ver con la defensa de la universidad pública. Esta es una defensa concreta. Maqueda es egresado de la Católica de Córdoba, que es privada. No es nacional, ni pública. Eso tiene que ver con la importancia de la universidad pública y los valores. No es un requisito caprichoso. Y destaquemos que Maqueda no lo cumplía y Lijo sí lo cumple.
– ¿Qué opina de la postulación de García-Mansilla entonces?
– García-Mansilla precisamente tiene la misma vinculación con el sector privado que Rosenkrantz. De hecho, Rosenkrantz fue jurado de la tesis de doctorado de García-Mansilla en la Universidad Austral. Y García Mansilla viene de la Universidad de El Salvador y de la Austral, universidades privadas. No puede ser que el presidente del máximo Tribunal de Justicia del país provenga de una universidad privada y no de una universidad pública. Si bien Rosenkrantz cumplía con el requisito formal, yo creo que el hecho de que él haya sido presidente del máximo tribunal, habiendo sido rector de una universidad de privilegio, es una suerte de contrasentido o contradicción, porque la Corte Suprema defiende el derecho, que es algo público y para todos. Y la cara máxima de la justicia tiene que ser del sector público, no privado. Aunque Rosenkrantz es un egresado de una universidad nacional y cumple con ese requisito.
– ¿Más allá del título universitario, considera que los jueces de la Corte deberían tener una carrera incuestionable?
– Yo vengo de la vida académica. Y sí creo que los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General tienen que ser jueces con recorrido profesional intachable y también tienen que tener una obra académica que nos haga suponer que cuando sean jueces van a argumentar bien, porque un juez que no tiene una formación académica sólida no es un juez independiente, es un juez que puede ser manipulado por intereses. (Mario) Vargas Llosa dijo una vez que es muy poca la gente capaz de vivir de la cultura. Yo creo que ese argumento aplica a los jueces de la Corte Suprema porque no pueden respaldar sus fallos en sus argumentos personales ni en intereses políticos. Tienen que hacer valer la Constitución y para eso tienen que tener una formación consistente y sólida. Y un juez que no está preparado académicamente, que no tiene una formación sólida, es un juez menos independiente, más manipulable, que se puede corromper. Y los jueces de la Corte Suprema tienen que ser incorruptibles. Argentina podría elegir juristas de trayectoria académica destacada y que tienen gran consenso. Evidentemente hace tiempo que no es la prioridad de los poderes ejecutivos nacionales.
– Pero usted se resiste a criticar a Milei por estas postulaciones.
– Una cosa es cuestionar un candidato y otra cosa muy distinta es que el presidente no esté habilitado para proponerlo. Yo puedo no estar de acuerdo con la postulación de Lijo, pero eso no quiere decir que el Presidente no pueda postularlo y que haya que analizar los requisitos de idoneidad con la mayor objetividad posible. Más allá de nuestras preferencias políticas o partidarias.
– ¿Hace falta una reforma judicial en Argentina?
– Sí, y es mucho más grave que Argentina hace siete años tenga un procurador general interino, que ya pasó tres mandatos presidenciales, que nombrar a Lijo en la Corte. Un interinato constitucional debe durar como mucho seis meses, no siete años. Eso debiera ser un escándalo en cualquier república seria. En Argentina no se habla de eso. No se habla de que el Procurador General es interino, hace tres mandatos.
– ¿Está a favor de que el pueblo elija a los jueces?
– Creo que la discusión por la elección popular de jueces es una discusión importante que esconde otro problema y es la insatisfacción de la sociedad con el Poder Judicial. Según diferentes encuestas, el Poder Judicial es el poder con peor imagen de los tres. Y esto tiene que ver el alto rechazo de la ciudadanía a la imagen del Poder Judicial como un espacio poco transparente, con jueces millonarios en un país pobre y con una ciudadanía que no se siente representada ni asistida ni defendida por el Poder Judicial. Hay una falta de legitimidad del Poder Judicial y hay que ver cómo se responde a esa situación. Y una de las alternativas es la elección popular de jueces. Yo no creo que sea el mejor camino, solamente creo que en México o en Ecuador fue la alternativa que se encontró para compensar esta falta de legitimidad del Poder Judicial.
– ¿Está en crisis el Poder Judicial?
– Hay un argumento que yo siempre lo digo en los congresos, acá o en Alemania, y en general es bien recibido. Lo que hace dos siglos era la objeción contramayoritaria del Poder Judicial, que significaba que el Poder Judicial tenía que ser un contrapeso conservador de los otros dos poderes, porque los otros dos poderes tenían miembros elegidos por mayoría entonces se entendía que el Poder Judicial tenía que contrapesar esas mayorías defendiendo las garantías de todos, es decir, de las minorías. Ese argumento clásico del liberalismo político de hace dos siglos yo creo que hoy se ha ido desvirtuando y muchas veces el Poder Judicial defiende minorías, pero no minorías amenazadas, sino minorías privilegiadas. Con lo cual hay una cuestión de la ingeniería constitucional y de la división de poderes que está desdibujada y que no es culpa de los jueces. Pero tenemos un problema constitucional y político que resolver en el Estado de Derecho y para eso haría falta una discusión constitucional seria en la Argentina, que hoy, por desgracia, no se está dando.
