Desde el Ministerio de Salud plantearon que «las provincias ya disponen de sistemas organizados» y «no se pueden mostrar beneficios basados en evidencia sobre la salud de las personas privadas de la libertad en unidades de detención».
El Gobierno derogó el Programa de Salud en Contextos de Encierro, creado en 2012 para mejorar el acceso a la salud de personas detenidas en establecimientos penitenciarios. Desde el Ejecutivo argumentaron que «las provincias ya disponen de sistemas organizados» y «no se pueden mostrar beneficios basados en evidencia sobre la salud de las personas privadas de la libertad en unidades de detención».
La medida se implementó a través de la Resolución 2/2025 del Ministerio de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mario Lugones.
La norma recuerda que el programa fue creado en 2012 «con el objetivo de mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contextos de encierro mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país».
«Para el cumplimiento de sus fines, el Programa de Salud en Contextos de Encierro se ha centralizado y dirigido a personas detenidas en establecimientos penitenciarios de todo el país, articulando y generando acciones comunes y conjuntas con los ministerios jurisdiccionales de los cuales dependen los establecimientos penitenciarios provinciales, a partir de líneas de acción priorizadas por dichas carteras», repasa el texto.
«El objetivo general de dichos convenios es mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contextos de encierro, mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de las unidades de detención, fomentando el armado de redes de atención intramuros-extramuros como asimismo propiciando estrategias de promoción, prevención y tratamiento para el cuidado integral de la salud de las personas privadas de la libertad», subraya.
Sin embargo, desde la cartera sanitaria plantearon que, «a pesar de los fines loables que se persiguen, cabe destacar que las jurisdicciones provinciales, así como las penitenciarías federales, disponen de sistemas de salud organizados dentro de sus servicios penitenciarios, que garantizan el acceso a la salud de la población carcelaria, lo que implica una multiplicidad de organismos, tanto nacionales como provinciales, interviniendo sobre una misma problemática».
Además, «no se ha celebrado convenio alguno con las provincias, y como consecuencia de ello, tampoco se han implementado los informes de gestión».
«No se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios que den cuenta que la implementación de este programa redunde en una mejora de la toma de decisiones en salud, por lo cual no se pueden mostrar beneficios basados en evidencia sobre la salud de las personas privadas de la libertad en unidades de detención, durante su detención y al momento del egreso de los establecimientos penitenciarios», expuso el Gobierno.
Ante esto, se eliminó el programa, en el marco de «la reorganización de la estructura y refuncionalización de programas» del Ministerio de Salud.
El Gobierno disolvió otros tres fondos fiduciarios vinculados a la agricultura familiar, vivienda social y comunicación
Por decreto, el Gobierno de Javier Milei ordenó disolver otros tres fondos fiduciarios. Se trata del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo Fiduciario para Vivienda Social.
«Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente», señaló el Gobierno en un comunicado.
El Ejecutivo aseguró que el PRODAF «ya cumplió su propósito y desde 2020 no registra desembolsos». En cuando al FFSU, consideró que «no cumplió su finalidad», mientras que apuntó contra el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social por haber sido utilizado «con finalidades políticas y clientelísticas, y evidenciado irregularidades e incumplimientos».
