La iniciativa ya fue aprobada por Diputados y tiene dictamen en la Cámara alta. También cuenta con despacho la entrega voluntaria de armas, que tiene mayor aval para aterrizar en el recinto
El 10 de diciembre pasado, Javier Milei ofreció un discurso en cadena nacional para marcar los “logros” de su primer año de gestión y los desafíos a futuro. En cuanto a su agenda de seguridad, apuntó entre sus objetivos a la ley anti mafias, que ya fue aprobada por Diputados y espera desde hace semanas dictaminada en el Senado, en un escenario que el propio oficialismo reconoció como “complejo” para la iniciativa en cuestión.
“La discusión en comisiones fue algo tortuosa, con un par de intentos frustrados a la hora de dictaminar. Por suerte se consiguió el despacho, pero nunca tuvo ni tiene los votos para ser sancionado. Y después del fin de año que tuvimos, quedó más que tapado. Además, algunos senadores que suelen acompañarnos reclamaron cambios. Y estamos hablando de un tema sensible, no es cualquier tipo de ley”, deslizaron a Infobae desde La Libertad Avanza.
¿Qué dijo el Presidente el 10 de diciembre pasado? El primer mandatario señaló: “En materia de seguridad, no vamos a frenar hasta que nuestra doctrina de ‘el que las hace, las paga’ esté tallada en la memoria de cada delincuente. Vamos a proponer una ley de reiterancia para que los presos reincidentes paguen más caro volver a equivocarse. También vamos a impulsar una ley antimafia, a imagen y semejanza de la ley RICO, que liquidó el crimen organizado en Estados Unidos hace 50 años. A su vez, haremos realidad la baja de la edad de imputabilidad, de manera que quien sea lo suficientemente maduro como para cometer un delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias”.
El proyecto en cuestión aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
Durante su tratamiento en la Cámara baja, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.
La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.
Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serían penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.
El dictamen de la ley anti mafias se dio en un plenario exprés de las comisiones de Seguridad; y de Justicia de la Cámara alta, realizado en noviembre pasado. En dicho convite se dio un cruce entre la radical Carolina Losada y el kirchnerista Oscar Parrilli.
Durante esa reunión, oficialistas y dialoguistas avanzaron con la iniciativa que apunta a la regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de las mismas, que ya cuenta con el aval de Diputados. Esta norma cuenta con mayor margen en el Senado para ser sancionada. Para la anti mafias que pretende Milei, la Casa Rosada tendrá que redoblar esfuerzos.
