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Un relevamiento de la UTEP y la UBA desnuda la urgencia alimentaria en todo el país

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El estudio, presentado recientemente, revela la crítica situación en la Argentina en materia de contención social. Fueron estudiados 766 espacios comunitarios en 17 provincias. Alerta sobre la necesidad creciente de donaciones privadas para sostener la ayuda ante la ausencia del Estado.


Un reciente informe del Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria (OEPSS) de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) revela la crítica situación que enfrentan los comedores y merenderos comunitarios en Argentina.

Este estudio, que abarca datos de 766 espacios comunitarios en 17 provincias entre junio y septiembre de 2024, destaca la labor esencial que realizan estos espacios en medio de una creciente crisis socioeconómica y la ausencia de políticas públicas efectivas.

El relevamiento revela que estos espacios brindan asistencia alimentaria a 72.390 personas, siendo la gran mayoría niños, niñas y adolescentes (69,2%). Estas tareas son llevadas adelante por 6.233 trabajadoras, de las cuales el 79,6% son mujeres y mujeres trans. La preeminencia de mujeres en estas labores subraya la feminización del trabajo social comunitario, un trabajo que a menudo no es reconocido ni remunerado.

La tipología de estos espacios se distribuye entre merenderos (58,9%), comedores y ollas populares (10,1%). Las ollas populares, a menudo situadas en espacios precarios, cobran un significado político, recordando la lucha social y la alimentación comunitaria.

El impacto del ajuste de Milei y la solidaridad como respuesta

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación, se ha desplegado una estrategia de estigmatización hacia las organizaciones sociales que trabajan en la asistencia alimentaria.

Esta avanzada se tradujo en la suspensión abrupta de los programas de asistencia alimentaria a espacios comunitarios desde el Ministerio de Capital Humano. Los programas afectados incluyen el Proyecto PNUD ARG/20/004 y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que habían proporcionado fondos y alimentos desde 2020 y 2002, respectivamente.

Ante este panorama, la respuesta de la comunidad ha sido crucial. Muchos comedores y merenderos han mantenido su funcionamiento a través de diversas estrategias, como donaciones privadas (39,2%) de comerciantes, familias del barrio y otras organizaciones, y actividades comerciales y productivas (34,1%) llevadas a cabo por los mismos trabajadores. La venta de panificados, rifas y polladas son algunas de las formas de autogestión que muestran la capacidad de resiliencia de estas comunidades.

Más allá de la comida: un rol social amplio

Estos espacios no solo ofrecen asistencia alimentaria, sino que también realizan actividades educativas (30,1%). Esta función resalta la centralidad de la organización comunitaria para abordar problemáticas sociales en los barrios. La cesión de espacios por parte de los trabajadores (7 de cada 10) es un claro ejemplo del compromiso y la precariedad en la que operan.

La falta de acceso a gas natural de red (90,9% de los espacios) y el uso de gas envasado, leña o electricidad para cocinar, resaltan las dificultades operativas que enfrentan diariamente.

Conclusión: la comunidad como tejido de resistencia

El informe subraya cómo la vida comunitaria y las solidaridades emergen como respuesta a un mercado excluyente y a un estado ausente. Los gestos de donación, de tiempo, trabajo e insumos, evidencian un saber colectivo sobre la importancia de la comunidad.

La actividad comunitaria, lejos de ser solo un paliativo, se presenta como una forma de resistencia frente a un orden social excluyente, ofreciendo alternativas y soluciones donde el Estado falla. Los datos construidos por el informe hablan de una historia de organización popular y comunitaria profundamente arraigada en la sociedad argentina.

El relevamiento en el Chaco

El Chaco es una de las 17 provincias en que se realizó el relevamiento de comedores, merenderos comunitarios y ollas populares por parte del OEPSS. El informe incluye una fotografía de un centro comunitario llamado Espacio de Cuidados y Contención ‘Lunita de Río’» ubicado en Puerto Vilelas, uno de los lugares que operan en la provincia y que forman parte de la red de asistencia alimentaria comunitaria.

“El Cuidado Comunitario es trabajo y en el contexto de extrema crueldad fomentada desde el Estado que atraviesa nuestro país se vuelve un trabajo escencial para garantizar la vida de millones de argentinxs que se caen del mapa. Las Redes comunitarias nos salvan ante tanta deshumanización, las tareas del cuidado y las trabajadoras socio comunitarias son las que dan de comer a nuestro pueblo, las que brindan apoyo escolar, las que rescatan a nuestros pibes de las garras del narcotrafico, las que cuidan a nuestros adultos mayores. Son las heroinas de nuestra Patria, las que producen el trabajo más importante y el más desvalorizado, el trabajo de cuidar a nuestro pueblo. Sin el reconocimiento y valorización del trabajo comunitario de cuidado no hay posibilidad de justicia social”, señaló Johanna Duarte de la UTEP.

Al igual que en las otras provincias relevadas, los espacios comunitarios en el Chaco se ven afectados por la suspensión de programas de asistencia alimentaria por parte del gobierno nacional desde enero de 2024, lo que ha generado una mayor dependencia de las donaciones privadas y de las actividades autogestivas para mantener su funcionamiento.

El informe destaca que, a pesar de las dificultades económicas y la falta de apoyo estatal, los merenderos y comedores continúan brindando asistencia alimentaria y otras actividades a la comunidad. Esto resalta la solidaridad y la capacidad de organización de las trabajadoras socio-comunitarias en la provincia.

La situación en el Chaco se alinea con el panorama general de otras provincias, caracterizado por la urgencia alimentaria, la ausencia de apoyo estatal y la resistencia comunitaria basada en la organización y la solidaridad.

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