Evo Morales fue otra vez citado por la justicia boliviana para prestar su declaración por la investigación en la que se lo acusa de los delitos de trata de personas y estupro, por los indicios de haber embarazado a una menor de edad en 2016, cuando ejercía la Presidencia del Estado.
El juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres de Tarija (sur) notificó por edicto al ex presidente y fijó para el 14 de enero de 2025, a las 09:30 am, su audiencia de medidas cautelares. Se prevé que, en esa sesión, el juez decida si Morales enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva.
“Desconociéndose el paradero actual de los imputados, como también en antecedentes se desconoce el paradero de la víctima, conforme establece el art. 165 del C.P.P., notifíquese a través de edictos (…) emplazándose a los imputados a comparecer a este despacho judicial y asumir defensa de sus derechos en el plazo de 10 días, bajo la advertencia de ser declarados rebeldes”, señala la resolución judicial.
En la investigación también se incluye a los padres de la víctima Idelsa P.S. y Emeterio V. M., a quienes se acusa de haber actuado en complicidad y obtenido beneficios políticos a raíz de la vinculación de su hija con el ex presidente. El padre de la menor guarda detención preventiva por este caso en la cárcel de Morros Blancos, en Tarija.
Morales ya había sido citado a declarar el 10 de octubre pero no se presentó. En su lugar llegó uno de sus abogados, el ex viceministro Jorge Pérez, que presentó un memorial y justificó la ausencia de su defendido alegando falta de garantías.
Tras su ausencia, en al menos dos ocasiones, Morales manifestó que no se presentaría ante la Justicia por temor a ser encarcelado. “Ni que fuera tonto para entregarme”, expresó en la radio Kawsachun Coca.
El ex presidente no ha negado la comisión de los delitos por los que lo imputan pero calificó las acusaciones como parte de una “guerra judicial” en su contra por parte del Gobierno de Luis Arce, con el objetivo de desprestigiarlo e impedir su participación en las elecciones de 2025.
Sobre este caso, el mandatario aseveró en una entrevista con un medio mexicano que en su gobierno no va a permitir ese tipo de aspectos “éticos y morales que dañan (…) a la sociedad”. Sin embargo, admitió que conocía las acusaciones de estupro durante la gestión de Morales, de la que él fue parte como ministro de Economía durante más de diez años.
Por este caso se emitieron dos órdenes de aprehensión -una a finales de septiembre y otra el 16 de octubre, tras su inasistencia a la Fiscalía– que, según confirmaron dos abogados de Morales a Infobae, fueron anuladas por una acción de libertad interpuesta en una sala judicial de Santa Cruz. Sin embargo, está vigente una alerta migratoria que le impide salir del país.
Por los rumores sobre la inminente captura del líder cocalero, sus seguidores reforzaron su seguridad en el Trópico de Cochabamba, su baluarte político y sindical donde está atrincherado desde hace más de dos meses. El secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, manifestó: “las organizaciones sociales estamos firmes para defender su vida, aunque sea en fiestas, frío, lluvia, los compañeros vamos a seguir resguardando”.
El fin de semana, Morales se trasladó a una comunidad del Trópico donde se realizó un encuentro con las federaciones cocaleras. En las imágenes que se difundieron, se vio unauna caravana de al menos 12 vehículos que escoltaban al ex presidente, flanqueada por al menos 40 motocicletas. Según la prensa local, se trata de la “seguridad sindical” que protege al expresidente en su bastión.
