Los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la norma aprobada el 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».
Tal como en el 2023, el oficialismo decidió avanzar en la sanción de la Ordenanza General Tributaria e Impositiva para el ejercicio 2025, que impone aumentos en los tributos principales en torno al 90% sin contar con el acompañamiento de los bloques del Frente Chaqueño y la Corriente de Expresión Renovada (CER), incumpliendo así con la mayoría establecida y la realización del proceso de “Doble Lectura” previsto en la Carta Orgánica.
En este marco, las y los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron nuevamente a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de dicha norma aprobada en sesión ordinaria del pasado 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».
“La norma sancionada ilegalmente aplica aumentos tributarios, en algunos casos superiores a los índices de inflación o de variación salarial, lo que refleja a las claras la falta de voluntad por parte de la actual gestión municipal, de construir consensos que garanticen una norma más representativa de la voluntad popular y acorde al contexto social y económico que impera”, expresaron los ediles.
Entre los argumentos, las y los concejales detallaron que al 30 de septiembre, el Ejecutivo Municipal contaba con un presupuesto y recaudación superavitaria, generada directamente de la caída del poder de compra de las y los trabajadores municipales, cuyos salarios perdieron contra la inflación, y la ausencia de obras y servicios en la ciudad.
“El excedente de recursos que posee la actual gestión de Roy Nikisch, demuestra que no hay justificación para implementar tamaño incremento en los tributos. Además, refleja una manifiesta irracionalidad, falta de planificación y tendencia a una confiscatoriedad que afectará gravemente las economías de las y los vecinos contribuyentes de la ciudad».
“Estamos frente a un gobierno que ha naturalizado la ilegalidad, con acciones y actitudes de especulación y extorsión, que entendemos resultan parte del avasallamiento institucional. Estas prácticas buscan desincentivar cualquier tipo de reclamo que, desde nuestro rol, podamos realizar en busca de garantizar el funcionamiento del Concejo, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones que repercuten en su vida diaria”, manifestaron las y los concejales.
En esa línea, sostuvieron que “institucionalmente no podemos permitirnos funcionar en el marco del irrespeto a las normas; las reglas claras, el cumplimiento de las mismas, el respeto a las Instituciones, la participación ciudadana, son fundamentales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Difícilmente tendremos un Estado equilibrado si no se cumple la normativa que rige el funcionamiento del mismo”.
Las y los ediles del FCh y el CER, aseguraron que se ha lesionado la posibilidad de cumplir con el compromiso asumido ante la comunidad de “representar sus voces, defender sus derechos y bregar por su bienestar”.
«La ordenanza sancionada por el oficialismo municipal es una decisión clara y abiertamente ilegal que, por no respetar la mayoría ni el procedimiento con instancias de participación ciudadana que la normativa establece, afectará a toda la comunidad», señalaron.
Por último, resaltaron que, en su rol de representantes de la ciudad, “el no votar una norma que va contra los derechos del pueblo de Resistencia no es suficiente; es necesario garantizar el efecto y las consecuencias de los actos legislativos». Por ello, acudieron nuevamente a la justicia, solicitando que se «aclare, deseche, corrija y normalice la situación institucional», con el objetivo de garantizar las normas vigentes, la transparencia, la participación ciudadana y la defensa de los intereses del pueblo y la ciudad, «en una fiel misión de respetar y aportar a una sociedad más justa e igualitaria».
