Mediante el Decreto 1077, el Gobierno derogó los programas y registros destinados a fomentar los parques industriales, argumentando malversaciones y falta de resultados en su ejecución
El Gobierno Nacional decidió eliminar el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, junto con el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), a través del Decreto 1077 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según las autoridades, la medida responde a la necesidad de optimizar el gasto público y alinear las prioridades administrativas con la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública en diversas áreas.
Esta decisión implica también la derogación de los decretos 915/10 y 716/20, normativas que sostenían la creación y financiamiento de infraestructura en parques industriales a través de aportes no reintegrables (ANR) y créditos a tasa bonificada.
“El Decreto 915 había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario con el supuesto objetivo de financiar obras de infraestructura intra y extramuros en Parques Industriales Públicos a través del otorgamiento de ANR y Créditos a Tasa Bonificada. Posteriormente, se había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales; el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) y el Observatorio Nacional de Parques Industriales”, precisó la Secretaría de Comercio.
A su vez, repasó que el RENPI apuntaba a recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas allí radicadas, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas. En tanto, con el objetivo de profundizar la implementación de las políticas públicas vinculadas con el tema se había impulsado, mediante el Decreto Nº 716, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.
Según el Gobierno, el programa, inicialmente ideado para promover la planificación territorial y el desarrollo industrial, sufrió diversas irregularidades. Según cifras oficiales, se otorgaron 309 ANR, pero menos de la mitad presentaron una rendición de cuentas adecuada. En muchos casos, los fondos no fueron destinados a cumplir los objetivos previstos, como la mejora de la infraestructura intra y extramuros de los parques. Además, gran parte de los proyectos asociados a estos fondos quedaron inconclusos, mientras que otros se habrían utilizado con fines políticos, favoreciendo a distritos específicos, precisó el Gobierno.
Gastos no prioritarios
El Gobierno justificó la eliminación del programa argumentando que estos gastos no eran prioritarios en el actual contexto económico. La medida se enmarca en un plan más amplio de estabilización macroeconómica y aumento de la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con el decreto, el programa no logró cumplir su función de fortalecer las capacidades productivas de los parques industriales ni beneficiar sustancialmente a las empresas radicadas en ellos. Por otro lado, la administración destacó que parte de los fondos destinados al programa no fueron utilizados para promover el desarrollo industrial, sino para obras menores y desvinculadas del fortalecimiento de los parques.
Preocupación de los industriales
Si bien los industriales admiten, por lo bajo, que esos programas habilitaban un “despilfarro de fondos que no tenían justificación”, y que es correcta la decisión de derogar todo para barajar y dar de nuevo, no deja de generar preocupación acerca de cuál será ahora la política de parques industriales, y si efectivamente la habrá. Para muchos, es una medida más que blanquea cuáles son las prioridades del Gobierno, que según ellos, claramente no es la actividad manufacturera.
Desde la UIA anticiparon que la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos, está trabajando en un nuevo plan, que se lo haría saber en los próximos días a los industriales. Pero lo que está claro es que no incluirá subsidios.
La relación entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) se ha tensado recientemente debido a la ausencia del presidente Javier Milei en la 30ª Conferencia Industrial organizada por la central fabril. Esta inasistencia fue interpretada por los industriales como una señal de desinterés hacia el sector productivo, especialmente en un contexto donde se discuten políticas de apertura económica que podrían afectar la competitividad de la industria nacional.
Además, la implementación de medidas como la reducción de aranceles a las importaciones generó una fuerte preocupación en varios sectores. Los industriales argumentan que, sin una reducción concomitante de impuestos locales y ajustes en la política cambiaria, estas decisiones podrían perjudicar a la producción nacional al no poder competir en igualdad de condiciones con los productos importados.
