El sector farmacéutico cuestionó el decreto que rubricó el gobierno de Javier Milei en el Boletín Oficial que habilita a las farmacias a comercializar medicamentos de venta libre en sus góndolas y permite que los supermercados y kioscos vendan esos fármacos cuando se trate de antiácidos y analgésicos, en el marco de las políticas desregulatorias de la administración de La Libertad Avanza.
El decreto 1024/24 autoriza a que los medicamentos de venta libre se expongan en las góndolas de las farmacias y deben situarse de modo tal que guarde sus propiedades fisicoquímicas. De esta manera, se habilitó a que el público en general pueda acceder a ellos sin intermediarios.
En tal sentido, la normativa que se dio a conocer el 20 de noviembre, también permite que los establecimientos que no sean farmacéuticos comercialicen medicamentos de venta libre que sean analgésicos y antiácidos. Por otro lado, tres días después, la expresidenta Cristina Kirchner, en un acto en Rosario, desafió al jefe de Estado a que el Gobierno desregule las importaciones de los fármacos para bajar el costo de los presupuestos sanitarios.
Luego de la publicación de la norma, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los motivos de su contenido. «Primero, por comodidad, ya que se podrán sumar a la compra semanal en tu almacén o supermercado», expresó en sus redes sociales.
En esta línea, se refirió a las zonas en las que se encuentran los establecimientos farmacéuticos: «Segundo, porque en muchos lugares, una farmacia está lejos y entonces poder adquirirlos en otros lugares facilita el acceso a estos medicamentos. Si tengo a un niño/niña con fiebre no quiero que la regulación imponga la obligación de hacer decenas de kilómetros para ir a una farmacia para comprar ibuprofeno».
Por último, apuntó hacia los valores de los remedios: «Tercero, porque permitirá una mayor competencia de precios. Ya hemos dicho que en antiácidos como el omeprazol hay diferencias de precios que son de 8 veces. Con un canal comercial más ágil y más focalizado en precio dudo realmente que estas diferencias puedan mantenerse mucho tiempo».
En diálogo con C5N, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, rechazó el decreto que estableció la administración de La Libertad Avanza y advirtió por la consecuencia en los precios: «Si el Estado está buscando es una situación de control de precios, hay que avisarle que no somos los formadores de precios. Las farmacias dispensamos al valor que el laboratorio pone en el producto. Cada vez que ocurre que los medicamentos están fuera de las farmacias, los precios suben».
En este marco, el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, Rubén Sajem, expuso en comunicación con C5N la intención del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. «Sturzenegger quiere que haya una góndola en la farmacia y que la gente compre sin ningún tipo de asesoramiento, que el farmacéutico no intervenga. El conocimiento que se va a tener del medicamento es lo que ve en la publicidad», alertó.
El riesgo sanitario por los cambios en la comercialización de medicamentos de venta libre
También, Pesenti alertó por el impacto sobre la salud tras la publicación de la normativa. «El problema mayoritariamente es sobre la salud porque se pierde todos los controles. Nos parece que desde el punto de vista sanitario es una aberración. Está en riesgo la salud de la gente. Por ejemplo, hay personas que utilizan indiscriminadamente analgésicos y eso también produce consecuencias graves», marcó.
En tanto, marcó la falta de control en la venta de distintos medicamentos en otros establecimientos: «Hace tres meses hicimos un relevamiento y mandamos a tomar muestras en la ciudad de Buenos Aires, que tienen 15 lugares diferentes. Fue antes de esta resolución. Encontramos medicamentos de todo tipo, incluso de venta bajo receta, en kioscos, supermercados chinos y estaciones de servicio. Por lo tanto, el grave problema es que no habrá fiscalización de nada, porque el Ministerio de Salud no controlará nada, lo único que fiscaliza son las farmacias».
Además, luego de que el decreto también permitiera la comercialización de medicamentos de venta libre en góndolas de farmacias, expuso la poca cantidad de esos establecimientos con estantes: «Se mira a la ciudad de Buenos Aires nada más. Hay pocas farmacias en el país que tiene góndolas. En la mayoría de las farmacias hay un mostrador donde se atiende a los pacientes. También es desconocer que la salud es un derecho federal, por lo que está delegada a las provincias y una normativa de una ley nacional o reglamentación no tiene afectación en la mayoría de las provincias. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tiene leyes propias».
Por su parte, Sajem aclaró los límites sobre las porciones de los medicamentos y advirtió: «La gente piensa que cuanto más se usa medicamento mejor se va a sentir, por lo que suma dosis y se pasa de las dosis de venta libre. Por ejemplo, el ibuprofeno es de venta libre cuando es de 200 o 400 miligramos y no de 600, el paracetamol cuando es de 500 miligramos y no de 650. El Diclofenac se puede vender sin receta hasta 25 miligramos y no más. Eso mucha gente no lo sabe y ahí está la función del farmacéutico que Sturzenegger pretende eliminar porque quiere aplicar las reglas del mercado a todo».
«Los medicamentos tienen que ser resguardados y tener un uso racional. Está probado que acá la lógica del mercado en los medicamentos no funciona. Además, los kioscos no tienen un mecanismo tan eficiente como sí las farmacias. También hay que mencionar las condiciones de seguridad porque cuando hay que rescatar un medicamento que está adulterado, el kiosco no lo puede hacer y la farmacia lo hace en un día. Todos los países, incluso los más liberales como Estados Unidos, Australia, Luxemburgo o Irlanda, regula los precios de los medicamentos», agregó.
El fantasma de los noventa
Domingo Cavallo, quien fue el ministro de Economía entre 1991 y 1996 y luego desde marzo hasta diciembre de 2001, firmó un decreto en 1991 en el que se desreguló la venta de medicamentos. En aquel entonces, la normativa argumentaba que la medida se definió para incrementar una competencia de mercado.
En esta línea, Sajem advirtió que la intención del Gobierno es replicar aquella resolución que rubricó Cavallo y recordó sus efectos: «Tenía los mismos principios que ahora fomenta Sturzenegger. Fue un desastre con consecuencias catastróficas. En esa experiencia se mostró que los medicamentos fuera de la farmacia eran mucho más caros y se encarecieron los medicamentos de venta libre porque empezaron a tener más publicidad para que la gente los compre y eso aumenta los precios».
«No se consiguió nada de lo que se buscaba. Los supermercados vendían caro los medicamentos porque no les interesaba e incluso después dejaron de vender porque tienen otros intereses. Tenían que poner la caja en la góndola protegida con un sistema antirrobo y el precio era más caro que la farmacia. No les sirvió. Tal es así que ahora tampoco les entusiasma para nada la idea de vender medicamentos», apuntó.
En tanto, enumeró las irregularidades en la distribución de los fármacos: «En 2009, después de 18 años de venta de medicamentos en kioscos, ya empezaban a sumarse las denuncias. Los medicamentos ya se vendían en las ferias, estaciones de servicio, medios de transporte y en cualquier otro lado. Cuando se hacían allanamientos se encontraba que en pequeños supermercados y kioscos no sólo se comercializaban medicamentos de venta libre, sino que también había antibióticos, medicamentos de venta bajo receta y hasta psicofármacos, además de medicamentos adulterados con el vencimiento recortado y falsificados».
«Tal es así que en 2009, prácticamente por unanimidad, ambas cámaras del Congreso sancionaron la Ley 26.567, que Sturzenegger no la mencionó en el decreto, sino que él se remitió a la Ley de Farmacia de 1967 pero no mencionó la ley que se aprobó en 2009, que estaba vigente hasta ahora y decía que los medicamentos solamente se pueden dispensar en las farmacias, incluso en los de venta libres, y tienen que ser entregados en el mostrador por el profesional farmacéutico», marcó.
La experiencia negativa en Chile
Por otra parte, el presidente de la Confederación Farmacéutica Sudamericana, Mauricio Huberman, expresó en diálogo con C5N que distintas farmacias en Chile rechazaron el mercadeo de medicamentos de venta libre en sus góndolas, aunque el sistema se lleva a cabo con algunos productos: «Tenemos un sistema de góndolas pero generalmente se usan solamente para productos cosméticos, se permitió la venta en góndolas, siempre y cuando se cumpliera con una serie de obligaciones legales, como tener un afiche con teléfonos por emergencias por intoxicaciones».
«En la práctica ninguna cadena ni laboratorio optó por poner ese sistema porque significaba un costo. A ellos les interesaba vender algunas marcas y no tenerlas todas a la vista en el mismo lugar porque generalmente hacían trampas y ponían lo que querían vender en el sistema. La ley los obligaba a hacerlos de una manera que no les era del gusto», agregó en tal sentido el chileno.
En tanto, se refirió a una iniciativa que circula en el Congreso de Chile: «Ahora hay un proyecto sobre cómo aumentar las penas para que los que vendan medicamentos fuera de las farmacias paguen con cárcel, porque el problema es que las autoridades se daban cuenta y sacaban esos productos del sistema, pero no había penas grandes».
También, Huberman hizo alusión a una concentración del mercado vinculada con la desreglamentación y un escándalo de colusión de precios en farmacias: «La concentración de más del 90% en tres cadenas partió con la desregulación que hubo en los años ochenta, aunque se profundizó en los noventa. Hubo cadenas que quebraron. No hubo un sistema de fiscalización adecuado. Hace unos años hubo un subsecretario de Economía, llamado Tomás Flores, que decía que el mercado se regulaba solo, pero no existe un mercado que funcione sin fiscalización».
«Lo más probable es que ahora en la Argentina, si no hay fiscalización, haya productos falsificados, vencidos y robados», advirtió tras el decreto que estableció el gobierno de Javier Milei.
La confabulación a la que hizo alusión el presidente de la Confederación Farmacéutica Sudamericana fue protagonizada por las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand. En 2012 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó por decisión unánime a Cruz Verde y Salcobrand a pagar u$s19 millones
