En el marco del amparo impulsado por el Defensor del Pueblo del Chaco por la falta de información sobre el aumento del boleto, el juez Julián Flores encabezó esta semana una audiencia de conciliación en la que el representante de la Subsecretaría de Transporte dijo no tener propuestas para hacer. Esto generó alarma en los empresarios que, a principios de diciembre, deben afrontar un crédito facilitado por el mismo gobierno provincial. El 10 de diciembre se reanudará la audiencia.
El miércoles 20 de noviembre se celebró la audiencia de conciliación en el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, luego del dictado de una medida cautelar que restableció el precio del boleto a 710 en el Gran Resistencia. Al no haber un acuerdo entre las partes, causó alarma en el sector empresario que se haya decidido un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de diciembre.
Es que, según señalaron desde la CETACh, para afrontar los acuerdos paritarios tuvieron que pedir un adelanto financiero al gobierno provincial cuya primera cuota vence en diciembre. La representación empresarial afirmó que lo pensaban pagar con la diferencia del aumento de tarifa por ello pidieron que el cuarto intermedio se adelante ya que sostener el precio a $ 710 les significaba una reducción de los ingresos, lo que se suma a la disminución de personas usuarias, que coincide con la suba a $ 1150.
El juez Julián Flores intentó mediar en este punto y solicitó al subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, que hable con funcionarios del Ejecutivo con poder de decisión para que gestionen la prórroga del plazo para pagar esta cuota. Claramente, el funcionario no tenía potestad para resolver sobre ningún aspecto. Por parte del gobierno provincial y del fiscal de Estado, Roberto Herlein, no hubo intención de tratar otro tema que no sea el relacionado al acceso a la información sobre cómo se calcula la tarifa técnica.
El juez Flores se mostró interesado por conocer el estado de ejecución de los subsidios provinciales y cuáles son los montos disponibles para afrontar esta coyuntura como también el impacto real en la tarifa.
Ante el requerimiento del juez, el subsecretario Díaz contestó que no reciben más fondos nacionales y el aporte de la provincia al precio del boleto es de apenas un poco más del 30 por ciento. También aclaró que se encuentra prácticamente agotada la partida del Chaco Subsidia, que es de alrededor de 1000 millones de pesos mensuales y que no pueden salirse del presupuesto por lo que afirmó que la provincia no puede seguir inyectando fondos para subsidiar el boleto de colectivo. El funcionario pretendió excusarse en que el gobierno anterior tampoco brindaba la información.
El magistrado fue cediendo la palabra a las partes del amparo, a los amicus curiae y sectores interesados en el conflicto que estaban representadas: empresas y trabajadores.
El defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, explicó que al momento de desarrollarse la audiencia de mediación la información disponible en la Subsecretaría de Transporte continuaba ilegible, desordenada. Es decir que cualquier persona que ingrese no puede entender la documentación subida que está mal escaneada. Esos son los datos de costos que se utilizan para determinar la tarifa técnica, por lo que es imposible controlar los números utilizados y recordó que en la Audiencia Pública del mes de febrero el gobierno provincial anunció que subsidiaría el 50 por ciento de la tarifa técnica.
Por su parte, Gustavo Larrea, en representación de la CETACH, aclaró que los subsidios nacionales representaban aproximadamente el 25 por ciento de los ingresos de las empresas. A partir del mes de febrero se eliminó por decisión del presidente Javier Milei y los montos de enero y febrero fueron transferidos por la provincia alrededor de mayo. Que a esto se debe sumar la caída de personas transportadas que se viene dando durante el año y que en la fórmula la decisión de modificar la cantidad de personas transportadas de 1.9 a 1.6 es del gobierno.
Cambios de gestión, cambio de visión
Hay que destacar la sinceridad del subsecretario Diaz cuando afirmó que a partir del 10 de diciembre se produjo un cambio de gestión y de visión. En la audiencia, el funcionario aseguró que el Estado provincial no tenía “nada que hacer” en las mesas de acuerdo salarial y que se habían retirado, manteniendo comunicación con los empresarios, pero que no tienen ninguna contemplación especial. Si bien es un funcionario de segunda línea, sin poder de decisión, transmitió la decisión oficial del gobierno provincial quien permanece ausente en cada medida de fuerza que realizan los trabajadores nucleados en la UTA dejando sin servicio de colectivos al Gran Resistencia.
De números y participación estatal
En el transcurso de la reunión se fueron develando algunas incógnitas derivadas de la falta del acceso a la información pública, aunque fue brindada por otros actores y no por el obligado, el Estado Provincial.
Cobró trascendencia la participación del diputado provincial del bloque Justicialista, Santiago Pérez Pons, como amicus curiae ya que aportó datos del sistema SUBE y de la caída del 35 % del uso del servicio público. El aumento del boleto respecto del 2023 es de 1433%, sin gradualidad, mientras que los salarios aumentaron un 190 por ciento en forma gradual. Esto le quita previsibilidad a las familias y claramente impacta en los ingresos de las empresas al disminuir la cantidad de personas transportadas.
También aportó datos sobre la participación estatal para sostener el acceso de la comunidad al servicio público. Enfatizó que no hubo aumentos de las partidas de transporte por la inflación, cuando sí se tomó esa decisión en otras áreas. Mientras que el año pasado el 80 % del boleto era sostenido por el Estado provincial, en la actualidad la tarifa la paga prácticamente entera la persona usuaria.
Luego de todo lo visto y oído, para esta cronista el transporte “público” de pasajeros del Gran Resistencia está, en los hechos, cerca de una privatización total.
