La ex presidenta se refirió al fallo que se conocerá mañana en Comodoro Py, que definirá su condena y futuro político.
A un día de un fallo determinante en la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se anticipó con una carta publicada en sus redes sociales.
En el extenso mensaje, denunció una maniobra política para sacarla de la escena pública de forma definitiva. Mañana, la Sala B de Comodoro Py 2002 dará a conocer su decisión, un hecho que se espera con tensión tanto en los tribunales como en el ámbito político.
Kirchner alertó que todo el proceso judicial responde a una estrategia de “lawfare” contra ella. «¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol», expresó la ex mandataria, dejando claro lo que considera el objetivo final de sus adversarios.
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En Comodoro Py, donde el fallo parece ser un desenlace previsible, los pasillos están cargados de expectativas. Se da casi por hecho que la sentencia será ratificada, y los militantes de la ex presidenta ya organizan acciones para visibilizar su rechazo.
Grupos militantes prometieron una clase pública en las afueras del edificio judicial, con consignas que denuncian la judicialización de la política y el uso del “lawfare” para perseguir opositores.
El fallo que definirá su suerte judicial será anunciado este miércoles en Comodoro Py. Para Cristina, las cartas ya están echadas y anticipa que la sentencia está decidida de antemano.
“La Causa Vialidad empezó como un show y va a terminar de la misma manera”, afirmó, y hasta se permitió ironizar sobre su futuro político. “Tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirtha Legrand que, con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunas de treinta querrían”, bromeó.
En su carta, Cristina también hizo un paralelismo con la situación judicial de otros expresidentes, como Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. Señaló que ambos líderes recibieron un trato judicial benévolo, incluso en casos graves como la represión de 2001, que dejó decenas de muertos y terminó con condenas que ella considera menores comparadas con las que hoy enfrenta.
“Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares”, agregó, y enfatizó que el miedo también busca disciplinar al resto de la dirigencia política, social y sindical. “Y vaya si lo logran”.
En diciembre de 2022, tras un extenso juicio oral, Cristina fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, un fallo que también implica su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Lázaro Báez, José López y otros exfuncionarios de Santa Cruz también fueron condenados, mientras que Julio De Vido y otros colaboradores resultaron absueltos.
Pese a todo, la ex mandataria asegura que no piensa callarse. “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana”, cerró, asegurando que seguirá adelante con sus convicciones. “Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas”.
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La causa
Cabe recordar que la causa en cuestión está relacionada con la adjudicación de contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de los Kirchner. Es por eso que Cristina Kirchner sostiene que la investigación y el juicio forman parte de un plan de persecución política y que las acusaciones buscan incriminarla injustamente.
La expresidenta fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión junto con la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública por administración fraudulenta en el manejo de la obra pública.
De confirmarse la sentencia, los abogados de Cristina Kirchner presentarán un recurso extraordinario ante la Cámara, que puede conceder y habilitar esa vía o bien rechazarlo y dar pie a la defensa de la exjefa de Estado para que recurra en queja a la Corte Suprema, sin plazo de resolución.
La movilización
En tanto, organizaciones sociales y la dirigencia política preparan una serie de acciones para el miércoles próximo con fuertes críticas al Poder Judicial. Se espera que haya movilizaciones tanto en frente a los tribunales federales de Comodoro Py como en otros puntos del interior y el Conurbano bonaerense.
En este contexto, se hará una clase pública titulada «CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare«. En la actividad participarán figuras como el abogado Juan Grabois, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y la periodista brasileña Manuela Dávila, entre otros.
El objetivo de la actividad es denunciar lo que los organizadores consideran un proceso judicial espurio, que busca proscribir políticamente a Cristina Kirchner, a través de lo que ellos identifican como lawfare: una estrategia judicial que utiliza los tribunales para debilitar a opositores políticos. Para los convocantes, la causa Vialidad es solo un capítulo dentro de un plan más amplio para deslegitimar a la ex presidenta y bloquear su posible retorno al poder.
El respaldo de Kicillof
En ese sentido, el gobernador señaló que “es ‘Justicia fantasía’ porque todo lo que se va a decir no existió, no ocurrió, pero se va a dar por hecho para generar un disciplinamiento a todo el que quiere llevar a cabo determinadas políticas”. Y advirtió sobre “la gravedad institucional” que desencadenan “este tipo de juicios totalmente truchos”.
“Es una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar y con el agravante de que se convierte en un caso de persecución política y de proscripción”, remarcó.
Además, el Gobernador acusó a algunos medios y a un sector de la Justicia de trabajar en connivencia para activar “un dispositivo que busca generar imagen negativa sobre dirigentes del campo popular”.
