“Nos golpeaban con palos por las piernas, debajo de los escudos policiales, amenazando con arrojar gas lacrimógeno, violentándonos física y psicológicamente”, sostiene la denuncia de las mujeres que se habían movilizado a Casa de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador Leandro Zdero. Era para reclamar por la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios en la ciudad más pobre del país.
Trabajadores organizados, jubilados, personas con discapacidad, desocupados formaban parte de la lista de personas reprimidas en la provincia del Chaco en lo que iba de 2024. Era por movilizarse en defensa de sus derechos. Esta vez, les tocó el turno a las mujeres de la organización “Madres contra el Hambre” que se movilizaron hasta la Casa de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador Leandro Zdero y que se les dé respuestas por la falta de entrega de alimentos para los comedores comunitarios en la ciudad más pobre del país.
Según la presentación judicial realizada el viernes pasado, cuando llegaron a las inmediaciones de la Gobernación fueron recibidas por un amplio despliegue policial que les impidió avanzar para formalizar el pedido de audiencia con el gobernador. Además de violentadas, las mujeres denunciaron que los agentes policiales se burlaron de ellas. Así, la Policía del Chaco volvió por enésima vez a violar la ley provincial que establece cómo debe actuar ante las protestas sociales, algo que no logran detener los fallos inocuos y testimoniales dictados por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que solo “aconseja” que se cumpla con la ley.
“Cuando cruzamos desde la Plaza hacia Casa de Gobierno somos interceptadas por personal policial que nos impidió subir a la vereda, deteniéndonos y empezando a empujarnos, violentarnos y burlarse de nosotras mientras nos golpeaban con palos por las piernas, debajo de los escudos policiales, amenazando con arrojar gas lacrimógeno, violentándonos física y psicológicamente”, describe la denuncia presentada en la sede de la UDAVC (Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y el Ciudadano).
Por una cuestión de competencia, el caso debiera ser investigado por la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, que pasará a estar encabezada por el fiscal Enrique Luciano Santos, elegido por unanimidad del Consejo de la Magistratura del Chaco, pese a las deficiencias demostradas durante su paso por el organismo como secretario del ex fiscal Francisco Daniel Turraca -ya fallecido- y como fiscal provisorio, y que fueron advertidas en una investigación realizada por el Comité para la Prevención de la Tortura
