El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional repasó la situación actual de las universidades públicas, cuestionó los ataques del Gobierno nacional y afirmó que en la discusión de los fondos para el año que viene puede estar la llave para destrabar el conflicto
Víctor Moriñigo es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a las 61 universidades públicas de todo el país. Le tocó asumir el cargo en abril, unos días antes de la primera Marcha Federal Universitaria, en medio del conflicto abierto por los recortes en el presupuesto educativo. Se formó como contador en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); desde 2019 es rector de esa casa de estudios.
A 10 meses del inicio del conflicto por el financiamiento, Moriñigo conversó con Infobae sobre la situación de las universidades públicas, las acusaciones lanzadas por el Gobierno nacional, y la posibilidad de encauzar la discusión del presupuesto 2025. Además, anticipó algunos puntos de una posible agenda de políticas para el futuro del sistema universitario.
–Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento, se agudizó el conflicto universitario en todo el país. ¿Cuál es hoy la situación de las universidades nacionales?
–Después de la marcha del 2 de octubre y de la ratificación del veto presidencial blindado por los diputados, en las últimas semanas el conflicto universitario entró en una nueva etapa, con una dinámica que incluyó paros y tomas de edificios. Esas tomas y asambleas, con fuerte protagonismo de la izquierda –que en muchas universidades es minoritaria o no tiene la representación de los centros de estudiantes–, abrieron un panorama de cierto desgobierno durante un par de semanas.
Luego se fue tranquilizando la situación, fruto también de que los mismos estudiantes empezaron a hacer fuerza para poder culminar el cuatrimestre. Creo que hubo un recálculo de quienes llevaban adelante estas tomas; se dieron cuenta de que tenían que empatizar con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. Ahora la situación va mejorando de cara a la finalización del cuatrimestre.
Por otro lado, está el discurso mediático que le ha rendido mucho al Gobierno, que busca que se hable de las auditorías y se deje de hablar del financiamiento y de los salarios docentes. Ahí hay una charla de sordos en la que el foco pasa a ser por qué las universidades “no se dejan auditar” o por qué la UBA rechaza la intervención de la SIGEN. Entonces son dos carriles paralelos: hablamos del desfinanciamiento, nos contestan con las auditorías.
Mientras tanto, creo que hay una enorme oportunidad en el presupuesto 2025 de llegar a un acuerdo y generar un triunfo colectivo del Gobierno, de los diputados, de los rectores y de los gremios. Ojalá por primera vez estemos de acuerdo estos cuatro actores y podamos darles a las universidades un presupuesto nacional que traiga tranquilidad.
–El proyecto oficial de presupuesto 2025 prevé 3,8 billones de pesos para las universidades: es la mitad de lo solicitado por el CIN. ¿Desde las universidades ven un margen para que esa cifra mejore?
–Tenemos la intención y las charlas avanzadas para que eso suceda. Creo que esos 3,8 billones de pesos, que eran un techo, de a poco se han transformado en el piso de discusión. De hecho, esa cifra que presentó el presidente Javier Milei en septiembre ya quedó desactualizada con el 6,8% que cobramos con el salario de octubre. Así que esos 3,8 billones tendrán que ser modificados. Deberíamos ir en busca de un monto que esté lo más cerca posible de lo que solicitó el CIN, que son 7,2 billones de pesos. Lo ideal sería esa cifra, pero no somos obtusos y sabemos que cuanto más nos arrimemos, mejor. Las charlas están bastante encaminadas para que los cuatro actores –gremios, rectores, diputados y el Gobierno– encontremos una salida colectiva por medio de la institucionalidad.
–¿Desde el CIN tienen relevado cuántas universidades permanecen tomadas?
–No. Pero sí sabemos que hoy casi el 100% de las tomas están permitiendo clases, hasta las más duras empezaron a ceder y se abrieron en las últimas dos semanas. Personalmente, creo que hay que aggiornar un poco las formas de protesta a una sociedad que votó mayoritariamente a Milei. Es una mala estrategia ir con métodos antiguos en búsqueda de resultados nuevos. Me parece mucho más positivo salir a las plazas en las provincias y dar clases públicas, mostrar los proyectos de investigación. Todo eso sí genera una empatía con la sociedad, en vez de autoencerrarnos y no dejar que la comunidad universitaria termine sus estudios. Es una opinión personal. Yo respeto todas las formas de explicitación del enojo y la desesperanza, pero no creo que las tomas por tiempo indeterminado generen resultados positivos.
–El último comunicado del CIN, emitido esta semana, cuestionó la generación de “noticias falsas” y la “campaña de hostigamiento” por parte de las autoridades nacionales. ¿Por qué creen que el Gobierno apuesta a ese tipo de estrategias?
–Bienvenida la rendición de fondos públicos de acuerdo con la ley. Pero me parece que el Gobierno empezó por el final de la película: el presidente ya aseveró que son todos “chorros”. Entonces la auditoría es casi un proceso para dar fe de esta aseveración. Mientras tanto, ya hay un veredicto no solo del presidente, sino de la prensa afín.
Te doy un ejemplo. La semana pasada estuve en San Juan, donde hubo un evento del Sistema de Información Universitaria (SIU). Ahí el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) me decía que había sido parodiado en un canal de noticias por la contratación de dos micros de San Juan a Buenos Aires el 17 de octubre. En ese programa lo acusaban de haber contratado los micros para que militantes peronistas fueran a Buenos Aires por el Día de la Lealtad. En efecto, había dos colectivos contratados por la UNSJ el 17 de octubre. Pero eran para trasladar a 80 estudiantes de Arquitectura que iban al congreso de Arquisur, el evento que organiza todos los años la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur.
El rector me decía que llamó muchas veces al canal, y que puso a disposición el expediente completo, no solo la última hoja donde salían las condiciones del colectivo, que era la que mostraban en pantalla. Pero cuando los medios ya dieron el golpe, no hay forma de ir contra esa aseveración. Queda instalado en el imaginario que se roba. Él lo pudo desmentir en un par de radios de San Juan y no mucho más.
Es muy difícil ir contra eso. Nos están ajusticiando en tiempo real. La bajada de martillo del Gobierno es esa, y nosotros corremos desde atrás tratando de explicar. Creo que hay que contestar con hechos, no con más palabras y comunicados de repudio. Tenemos que mostrar los egresados, los chicos investigando, los premios internacionales que ganamos. Ahí está la rendición. Y por supuesto, abrir todos los números de la universidad, en el marco de la ley.
–Esta semana el Ministerio de Capital Humano difundió un video de las autoridades de la SIGEN en la Universidad Nacional de La Matanza, mientras que la UBA hizo una presentación en la Justicia para evitar la intervención de ese organismo en las auditorías. ¿Cuál es la mirada del CIN? ¿La intervención de la SIGEN viola la autonomía universitaria?
–Sí. Es un tema legal de competencia. El otro día escuchaba al decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (Guillermo Durán), que en un programa de televisión dio un ejemplo muy figurativo. Si la UBA o cualquier universidad del país quisiera auditar los viajes del presidente al exterior, ¿qué se le contestaría? Que no es competencia de una universidad hacer eso. No porque haya algo que ocultar, sino porque no le corresponde a ese organismo.
En este caso es igual. La SIGEN audita el Poder Ejecutivo y las universidades no son el Poder Ejecutivo. Las universidades deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo establece la Ley de Educación Superior. Si la AGN no da abasto, habría que dotarla de financiamiento para que pueda hacer su trabajo de la mejor manera. Creo que al final la Justicia le va a dar la razón a la UBA, porque esto es muy claro. Lo dice la jurisprudencia, incluso el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti) se ha pronunciado al respecto en el pasado. Desde Carlos Zannini hasta Daniel Sabsay, que no parecen muy afines, coinciden en esto.
Yo creo que, luego de que esto se resuelva a nivel judicial, seguramente muchas universidades le pidan a la SIGEN que, vía convenio –y no “a lo guapo”–, entre y audite. Porque no hay nada que ocultar. Pero las formas hacen al fondo.
Esta semana el Gobierno emitió un comunicado para echar a (la excanciller) Diana Mondino, donde dicen que iniciarán una “auditoría” del personal de la Cancillería para ver cómo piensan y poder identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Entonces, mirá si no vale la pena defender la autonomía constitucional de las universidades. Creo que hay que apoyar a la UBA porque lo que está pidiendo, más allá de la auditoría, es el respeto por la autonomía universitaria. Si hoy caen las auditorías por SIGEN, mañana nos van a decir qué carrera ofrecer, pasado nos van a decir qué materia dar, después nos van a exigir que no le demos el título a ningún sociólogo que lea a Marx, y así vamos a ir corriendo el arco sin saber dónde terminamos. Me parece que, al final, los que adoctrinaban estaban en otro lugar, no en las universidades.
–Desde el Gobierno han dicho que no saben exactamente cuántos estudiantes hay en las universidades. ¿Por qué afirman eso? ¿Por qué el SIU, el sistema donde las universidades cargan esos datos, está en manos del CIN y no de la Secretaría de Educación?
–El sistema SIU nace en la década de 1990, cuando Carlos Menem hace una gran transformación del Estado, que incluyó la digitalización. En ese momento, por medio de un crédito del Banco Mundial, se creó el SIU porque alguien tuvo la muy buena idea de generar un centro de cómputo que programara para todas las universidades de la Argentina. Hoy el SIU exporta a otros sistemas universitarios, y lo hace a un precio mucho menor que el que ofrecen Oracle, Microsoft o Google. Cuando el crédito se terminó, el Ministerio de Educación, que tenía el sistema bajo su órbita, empezó a ver qué universidad lo podía albergar. Durante muchos años estuvo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego en otras universidades, hasta que apareció la idea de que el SIU se fuera al CIN, que es una asociación civil sin fines de lucro. Por eso los datos del sistema universitario están alojados allí.
Ahora bien, el Ministerio de Educación siempre tuvo una oficina muy potente de estadística, a la que el CIN le envía la información de las universidades. La sistematización de los datos es del SIU, pero la “curación” de los datos es del Ministerio. De ese trabajo surge la información que se publica en los Anuarios Estadísticos.
Todo ese circuito se rompió el 10 de diciembre porque en el Ministerio, ahora Secretaría, empezaron a despedir gente, y en el área de estadística no quedó casi nadie. Entonces hoy tenemos diferencias en los datos, pero no porque no sepamos cuántos alumnos tenemos, sino porque hay que ver que la información que da el Gobierno esté medida de la misma manera como la medimos nosotros. Te doy un ejemplo. Esta semana estuve en una reunión con Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, y él me preguntó por qué la UNSL tenía solo 300 graduados este año. Yo sabía que esa no era la cifra. Hablé con mi secretaria académica y me mandó los datos del SIU: eran 800, no 300. Yo no sé qué corte hacen ellos en la información, pero es importante que todos estemos hablando de los mismos datos, construidos con la misma metodología.
–A lo largo de los meses de conflicto, desde el CIN y desde la Secretaría han resaltado que, pese a las diferencias, el diálogo se sostuvo. ¿Hoy ese diálogo continúa?
–Sí, tanto en lo personal como en lo institucional. El diálogo con Álvarez se mantiene de manera cordial. También he aprendido que los funcionarios del Gobierno, cuando están delante de un micrófono, tienen un cierto nivel de agresión que no sostienen en privado. Entiendo que reportan a un estilo de hacer política. Cuando uno se junta con ellos con un café de por medio, no existe ese nivel de vehemencia. Son más cordiales, y bienvenido que sea así, porque es la manera de construir acuerdos. El diálogo continúa y creo que será la manera de encontrarle alguna solución a este tema, por ejemplo, a través del presupuesto 2025. Ojalá el Gobierno vea que se pueden hacer más cosas acordando que peleando.
–¿Están evaluando una tercera marcha? ¿Perciben el respaldo de la sociedad, o hay cierto desgaste en el apoyo?
–Creo que la sociedad argentina apoya totalmente la educación pública. La valora, la quiere y la defiende. También creo que exige rendición de cuentas de todo lo que hacemos. Me parece que no debemos abusar de ciertas medidas que hacen que no empaticemos con la sociedad. Yo no creo que debamos hacer una tercera marcha como las del 23 de abril y el 2 de octubre; esa forma de protesta debe reservarse para los momentos en que no existen otros canales de diálogo.
Sí es cierto que desde el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el CIN estamos pensando en algún cierre de año, un Festival de la Gratuidad Universitaria (el 22 de noviembre), para seguir explicitando que la situación no se ha corregido y que en 2024 el mayor ajuste lo recibieron los trabajadores universitarios.
–Este año toda la discusión giró en torno al desfinanciamiento y las acusaciones de falta de transparencia. Imaginando que el escenario pudiera recomponerse, ¿cuáles deberían ser los puntos centrales de una agenda constructiva para el sistema universitario? Si no hubieran tenido que hacer frente a esta situación, ¿qué deberían estar discutiendo las universidades argentinas?
–Lo primero es subirnos a lo que discute el mundo. Está claro que las universidades ya no tenemos el monopolio de la formación de nuestros jóvenes. El mundo está discutiendo una nueva reforma universitaria, pero nosotros nos vamos quedando atrás porque la coyuntura nos come. Creo que las universidades nos debemos una mirada prospectiva; tenemos que repensar las carreras para los trabajos del futuro.
En un par de semanas podría haber una reunión del Consejo de Universidades (CU), que reúne a las públicas y a las privadas. La idea es avanzar con cuestiones muy importantes para el sistema universitario, como salir del sistema de horas para ir al sistema de créditos. Sería algo revolucionario, que nos pondría a tono con la discusión global. Tenemos un gran consenso construido con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Desde el Gobierno nos dijeron que, si había un acuerdo entre el CIN y el CRUP, esto puede salir.
También avanzamos con un sistema novedoso de certificación de calidad de las carreras que no implican riesgo público (es decir, las que no están contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior). Hay una agenda de siete puntos que venimos trabajando en conjunto desde el gobierno anterior, y que hoy se está reorganizando. Si esa agenda pudiera aprobarse en un par de semanas, al menos terminaríamos un año muy difícil con una agenda propositiva en cuanto a la modernización, el acortamiento de las carreras y la innovación tecnológica en las universidades.
