El excomisario de la Policía del Chaco y actual vocal en representación de los jubilados en el Directorio del InSSSeP, Raúl Cantero, reconoció que le pidió parte del sueldo que su sobrino cobraba a través del contrato que él mismo le consiguió en la obra social estatal. Y que esto lo hacía para repartirlo entre militantes de Fontana.
Esta confesión la hizo el martes por la mañana ante la Fiscal Penal de Investigación 1, Ingrid Wenner, en el marco de la causa donde se lo investiga por exigir “retornos” a su sobrino, un joven que era contratado del InSSSeP. Dicho “aporte” tenía como fin, de acuerdo a la denuncia, sumar fondos a la caja política de la UCR.
La imputación contra Cantero es por el delito de “concusión doblemente agravado, en dos hechos, en concurso real, en dos hechos”. La concusión es un delito que comete un funcionario público cuando, abusando de su cargo, exige o hace pagar indebidamente una contribución, derecho o dádiva, o cobra mayores derechos que los que corresponden.
En su declaración, Cantero relató en qué contexto pidió el “peaje” a su sobrino. Recordó que en noviembre el año pasado el Directorio resolvió la contratación de 100 personas para ocupar cargos que recientemente habían quedado vacantes.
“Como yo también hago un trabajo social en Fontana, tenía varias personas conocidas, por las que sugerí al Directorio que los contrate. Serían unas seis o siete personas. Esas contrataciones tenían como fecha límite el 31 de diciembre del 2023. Entre los cuales estaba mi sobrino, R.V.”, relató.
Con la llegada de la gestión de Leandro Zdero, se produjo un recambio de autoridades en la obra social y caja jubilatoria las que decidieron no renovar dichos contratos. Cantero contó que, a pesar de eso, muchos de ellos siguieron trabajando por unos 10 o 15 días más, durante enero, debido a que supuestamente el gremio del InSSSeP le había prometido que iban a lograr la renovación.
En ese contexto, fue designado vocal del sector pasivo en reemplazo de Fernando Romero, quien asumió como Jefe de Policía del Chaco. Su cargo vino con la posibilidad de designar a una persona con un contrato de gabinete. Cantero echó mano a esta prerrogativa, pero en lugar de optar por lo que dice la ley (contratar a alguien y pagarle por su trabajo), consideró que lo mejor sería darle el contrato a alguien, que esa persona le entregue la mitad de su sueldo y, en teoría, repartir lo recaudado entre quienes se quedaron sin contrato.
“Reuní a los chicos que había propuesto, uno de ellos era mi sobrino. Otra era la señora S.R., que es una dirigente social, que tiene un merendero en Fontana, que había quedado sin contrato. (La otra era) la señora L.B., que vive en Fontana y el (cuarto era el) doctor L.P. Entre los cuatro le dije que tenía un solo contrato de gabinete, que tenía que optar por uno de ellos. (…) Ante eso, uno de ellos propuso que se designará a uno y que voluntariamente se repartiera el monto. Todos estaba de acuerdo, y en ese momento designaron a L.P., para que tenga el contrato de gabinete. Pero él dijo que no podía porque hace poco tiempo lo dejaron sin trabajo de la empresa Prosegur, y por deudas de la tarjeta de crédito, cualquier plata que ingresara se la descontarían”, detalló Cantero.
“Ante eso mi sobrino se ofreció que se le haga el contrato a él, que lo estaba por repartir entre todos y se quedaría él con la mitad, con la obra social y el ticket, que eran uno 100.000 pesos de refrigerio. Las señoras R. y B., con la esperanza de ser contratadas, aceptaron. Y mi sobrino se comprometió a depositar en mi cuenta personal, para que yo fuera el que reparta y no tenga problema a fin de mes. Yo accedí a eso, al pedido, más que nada por la función social del dinero”, sostuvo el excomisario.
En enero y febrero, Cantero confesó que su sobrino le depositó 300.00 mil pesos, cada mes. Dijo que ese dinero luego se lo transfirió a las personas que habían participado del acuerdo. Sostuvo que una de las beneficiarias recibió transferencia bancaria y a la le entregó el dinero en efectivo. Dijo que hasta el día de hoy otorga parte de su sueldo a R., quien conduce el merendero al que tanto hace referencia.
Así las cosas, contó que su sobrino no le depositó el dinero previsto en marzo, porque, según comentó, tenía una deuda que debía saldar. “Me pidió si podía hacerme cargo, haciéndome cuestionamientos”, recordó el vocal de los pasivos.
Ante esta situación, reconoció que en el mes siguiente dio de baja su contrato, para designar a “otra persona”. En la declaración no lo dice, pero el nuevo beneficiario fue su propio hijo. “Quiero aclarar que es una potestad que tengo como funcionario de designar, si yo quisiera, todo los meses al personal que quiera”, se jactó.
“Yo hago política”
El 28 de mayo pasado, el sobrino de Cantero lo denunció ante la Justicia provincial por coaccionarlo para que contribuya con más del 60 por ciento del sueldo que se le pagaba en calidad de contratado. Dicho contrato, cabe recordar, le fue facilitado por su propio tío cuando este quedó a cargo de la vocalía que representa a los jubilados, al reemplazar a Fernando Romero, hoy jefe de Policía del Chaco, en enero de este año.
En diferentes conversaciones vía WhatsApp, Cantero, militante radical que responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero, le habría reconocido a su sobrino que dicho “aporte” era para hacer caja política para el radicalismo de Fontana. Le reconoció además que el suyo no era el único caso: había más contratados que también eran obligados de contribuir.
“Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste”, le habría escrito el vocal pasivo.
El joven le imploró tener su sueldo completo, a lo que Cantero respondió con su despido. Inmediatamente después, para que todo quede en familia, decidió entregarle este mismo contrato a su propio hijo, demostrando además un fragante caso de nepotismo.
Cuando se destapó el escándalo, a fines de septiembre pasado, LITIGIO dialogó con Cantero. Dijo en que es inocente y que todo es una maniobra en su contra. “Ya instruí a mi abogado para que pida los audios de la radio porque hasta ahora sólo se por lo que salió en las redes. No fui notificado formalmente de nada por la justicia y ya me puse a derecho. Es una burda maniobra orquestada por el gremio. Esos audios que circulan no son míos y va a quedar demostrado. Es todo lo que tengo para decir por consejo del patrocinante. Oportunamente voy a llamar a una conferencia de prensa y querellaré a todos los que me difamaron”, afirmó.
Tras confirmar su pertenencia partidaria (“soy militante de la UCR desde que tenia 17 años”), insistió en que todo se trata de un armado para perjudicarlo. “Yo denuncié a la anterior gestión porque el Tribunal de Cuentas les hizo cargo por 19 mil millones de pesos en el año 2020 y por 6 mil millones en el 2021. Esa causa está en la fiscalía especial anticorrupción. Todo esto es un pase de facturas porque la secretaria general del gremio formaba parte del directorio anterior como sindica representante del gobierno”, añadió, en referencia a Zulema Verón de Coria .
Su sobrino también dialogó con este medio. Ratificó su denuncia y señaló que era obvio que su tío iba a negar todo. “Es lógico que por cuestiones de su defensa salga a decir que no son sus audios, pero sí, es él. Inclusive tengo los registros tanto de WhatsApp como los audios enviados por él y su hijo donde ambos admiten haberme pedido dinero para cuestiones ‘políticas’”, afirmó.
Cuando se conoció el escándalo, la Asociación Gremial del InSSSeP presentó una nota ante el Directorio del organismo solicitando que se constituya como querellante en la causa. El sindicato señaló que no sería el único caso y que es una episodio que “no puede silenciarse por más cercano al gobierno de turno que sea el funcionario”.
“Cómo este caso estaría acompañado de otros casos similares, y advertida esta entidad gremial del silencio del Directorio sobre la cuestión, entendemos que no puede silenciarse ni encubrirse situaciones delictuales, por más cercano al gobierno de turno que fuera el funcionario, más aún cuando toma sueldos de estatales como propios”, remarcaron.
Para fundamentar la necesaria intervención judicial del Directorio en este hecho, la entidad gremial recordó que el artículo 12 del Código Procesal Penal del Chaco establece que en los casos en que el Estado Provincial o los municipios resulten ofendidos por un delito que comprometa sus respectivos patrimonios o la seguridad jurídica, deberán por medio de sus representantes legales o mandatarios constituirse en querellante particular.
“Es por eso que anoticiados de esta situación irregular que compromete toda la gestión del Directorio, requerimos que el InSSSeP intervenga directamente como querellante en la causa penal y se adopten las medidas correspondientes”, cierra la nota firmada por la secretaria adjunta, Griselda Gómez y por el secretario de Asuntos Gremiales, Francisco Fernández.
