La Cámara Federal de Corrientes dictaminó que el Gobierno Nacional, bajo la gestión de Javier Milei, deberá pagar con intereses los beneficios adeudados a cientos de trabajadores correntinos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó un fallo en el que condena al Gobierno Nacional a compensar económicamente a más de 500 trabajadores correntinos, beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, quienes habían sido dados de baja bajo la presunción de incompatibilidad en diciembre de 2023. El abogado defensor de los trabajadores afectados, Juan Manuel Cubilla Podestá, calificó el fallo como “histórico” y un «acto de justicia” que sienta un precedente clave para casos de vulneración de derechos sociales.
La Justicia federal condenó al gobierno de Milei por mentir y afectar trabajadores correntinos
El fallo se basa en la confirmación de que la baja de los trabajadores se realizó en base a datos falsos que los clasificaban erróneamente como empleados públicos, lo cual les impedía percibir el beneficio. “Es la primera condena de fondo que reciben Milei y Pettovello en todo el país y estamos haciendo justicia”, declaró Cubilla Podestá en diálogo con Radio Nordeste, resaltando que este fallo también condena el manejo de datos que afecta a personas en situación de vulnerabilidad.
El fallo de la Cámara revoca la decisión original del juez federal Juan Carlos Vallejos, quien había desestimado la demanda de los trabajadores. Los jueces Mirtha Sotelo, Selva Spessot y Luis González dictaron, en forma unánime, que el Estado Nacional debe restituir los beneficios adeudados a los trabajadores, incluidos los intereses acumulados desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, período de alta inflación.
Cubilla Podestá explicó que la decisión judicial establece también un enfoque de protección de los derechos humanos en el contexto de los subsidios sociales. “Condenar al pago de la deuda social con intereses pone en su correcto lugar a nuestros defendidos y a un gobierno nacional carente de la más básica sensibilidad por la dignidad humana”, declaró el abogado, destacando la importancia de la reparación económica.
El abogado también anticipó una próxima acción judicial en defensa de la privacidad y el honor de los trabajadores, quienes, según indicó, fueron públicamente señalados como defraudadores del Estado. Cubilla Podestá destacó que los datos personales de los afectados fueron divulgados en medios de comunicación y boletines oficiales, lo cual no solo vulneró su intimidad, sino que también los expuso a un trato injusto y prejuicioso.
“Esperamos que la justicia también condene la exposición pública que sufrieron estas personas humildes, que solo querían sobrevivir dignamente”, añadió el abogado. Asimismo, señaló que otros 100 trabajadores de la provincia, que aún esperan resolución de sus demandas en instancias judiciales, han solicitado al Gobierno una revisión de la información utilizada para darlos de baja.
La sentencia establece que el Gobierno Nacional deberá:
– Pagar con intereses los montos adeudados del programa Potenciar Trabajo desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024.
– Garantizar la reincorporación de los beneficiarios al plan Potenciar Trabajo, en caso de que aún no hayan sido reintegrados.
– Respetar los tratados internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a una vida digna y a una alimentación adecuada, tal como menciona el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
El fallo representa un golpe al Gobierno de Javier Milei y a la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, quienes habían justificado la suspensión de los beneficios con la supuesta incompatibilidad de los trabajadores en el programa social. La resolución judicial plantea un desafío adicional a la administración en términos de confianza en la gestión de datos y de política social.
Cubilla Podestá concluyó que esta sentencia “no solo devuelve a los trabajadores el apoyo del Estado, sino que también evidencia un grave error en la ejecución de políticas sociales, que debe servir como lección para evitar situaciones similares en el futuro”.
Este fallo marca un precedente importante en la defensa de los derechos sociales y laborales, y, según adelantó el abogado, podría derivar en nuevos litigios si el Gobierno Nacional apela la sentencia. “Tenemos plena confianza en que este fallo es extraordinario y que la Corte Suprema ratificará este acto de justicia para los correntinos afectados”, finalizó el abogado.
