“Necesito que me aguantes cuatro bolsitas porque, bueno, escuchá, te adelanto, estoy por hacer unos pares de allanamientos acá, viste, en el Santa y le quiero poner falopa”, le confió Molina a Pereña. “¿A quién? ¿A mí?”, preguntó Pereña, preocupada. A lo que Molina respondió: “Naaa, si te pido a vos no te voy a hacer. Es para constatar con un ‘gente’ que no estoy queriendo. Vos avisame, yo paro ahí en la ventanita, agarro y me voy. Yo ando acá, ando juntando bochitas, pero tengo que juntar todas las que pueda, pero con cuatro ya me amortiguás”.
Los protagonistas de este diálogo son el sargento de la Policía del Chaco, Rubén Molina y una presunta dealer del barrio Santa Catalina, de Resistencia, de nombre Ester de la Cruz Pereña. La conversación se produjo el 16 de diciembre de 2021. En la charla, que muestra la extrema confianza y complicidad que hay entre ambos, Molina le pide a Pereña que le provea de drogas para plantárselas a un sujeto de la zona y así poder detenerlo.
Esta es sólo una de las varias escuchas telefónicas comprometedoras incluidas en la causa federal que investiga a una banda criminal, conformada por policías de la Comisaría Duodécima de Resistencia y una narcotraficante, y cuyo juicio oral comenzará a sustanciarse en el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
En total, tres policías del Chaco, un gendarme y una presunta vendedora de drogas al menudeo son quienes estarán en el banquillo de acusados a partir de este miércoles. Los jueces Fabián Cardozo, Juan Manuel Iglesias y Enrique Boch conforman el tribunal. Se prevé que las audiencias continúen el 2 y 4 de octubre.
Esta causa nació de una investigación iniciada en 2021 por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini. Tomó estado público recién el 16 de julio de 2022 cuando el sargento, Rubén Molina y los agentes, Matías Frete y Leandro Cocco, fueron detenidos por orden de la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
Se los señaló como parte de una asociación ilícita dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina. También se los acusó del armado de procedimientos fraudulentos, de omitir denunciar una serie de ilícitos, de cobrar dádivas a personas que tenían inconvenientes en otras comisarías a cambio de solucionarlos y de pergeñar delitos de todo tipo.
De acuerdo al expediente, los policías sabían que Ester de la Cruz Pereña regenteaba un búnker de drogas en el barrio, pero no sólo que no la denunciaron o intentaron detenerla, sino que por el contrario le brindaban protección para que pueda comercializar estupefacientes sin ser molestada. Esta cobertura incluiría al menos a otros dos narcotraficantes de la zona.
Esta cobertura policial se realizaba a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración.
En simultáneo a las detenciones, se allanaron domicilios particulares de los imputados y también la comisaría Duodécima. En la dependencia policial se incautó un cofre perteneciente a uno de los investigados con cocaína fraccionada, además de más de 400 gramos de marihuana y dieciséis sobres sin identificación “con sustancia estupefacientes”. Ninguno tenía la debida individualización y su acondicionamiento se presentaba como irregular. La principal sospecha es que la sustancia era utilizada para comprar información a “soplones” y para plantar pruebas falsas en operativos armados para “limpiar el territorio” de dealers que no se plieguen a las órdenes de la organización de narcopolicías.
A De la Cruz Pereña, en tanto, se le secuestró en su casa la cantidad de 95,5 gramos de cocaína, distribuidos en 211 envoltorios que estaban escondidos en distintos sectores. También se secuestró dinero en efectivo y aparatos digitales. Mientas que en el domicilio de Molina se encontró 2 gramos de cocaína.
Escuchas
Las escuchas telefónicas realizadas tanto a los policías implicados como a la presunta dealer fueron clave para constatar no sólo en vínculo delictivo entre ellos, sino también el modus operandi que tenían para llevar a cabo sus operaciones ilegales, que incluían asesoramiento a delincuentes, coimas a cambio de favores y hasta la descripción de cómo quedarse con cocaína incautada haciéndola pasar por yeso.
A través de intervenciones a los celulares se logró confirmar el vínculo de extrema confianza que había entre el sargento Molina y De la Cruz Pereña. En una conversación que se produjo el 16 de diciembre de 2021, Molina le pidió a Pereña que le provea de drogas para plantárselas a un sujeto de la zona y así poder detenerlo. “Necesito que me aguantes cuatro bolsitas porque, bueno, escuchá, te adelanto, estoy por hacer unos pares de allanamientos acá viste, en el Santa y le quiero poner falopa”, le pide Molina a Pereña.
En otras escuchas también se constató que Molina se desempeñaba como una suerte de asesor de delincuentes del barrio. Los asistía no sólo para evitar que sean detenidos, sino que también les brindaba apoyo cuando se producían allanamientos.
“Necesito que me aguantes cuatro bolsitas porque, bueno, escuchá, te adelanto, estoy por hacer unos pares de allanamientos acá viste, en el Santa y le quiero poner falopa”, le pide Molina a Pereña.
En una de las conversaciones, un sujeto le propuso cometer un robo, a lo cual Molina se negó. Lejos de denunciar el hecho, le brindó una serie de consejos para evitar ser descubierto. “Si querés, metele. Pero vas a necesitar otro. Fijate nomás cómo lo vas a hacer. Tenés que mirar que no haya cámara ni nada”, alertó.
En otra de las intervenciones telefónicas, se detectó un llamado entre Molina y quien sería un dealer de la zona, de apellido Aguirre. El segundo le pidió ayuda al primero debido a que justo en el momento en que se producía la conversación estaban allanando la casa de un pariente suyo en busca de droga. “Dejame, yo me voy a mirar para allá en el auto una disparada. Escuchá: agarrá y borrá todos los mensajes, todo lo que vos mandás a tu gente que te trae eso”, instruyó Molina.
En otra comunicación se desprende que Molina recibió una propuesta para participar en un robo a un contratista que saldría del banco con dinero en efectivo. Si bien decidió no aceptar, porque la maniobra no sería segura ya que se haría en pleno centro, Molina aconsejó a su interlocutor, otra vez, sobre recaudos que tendría que tomar y sobre posibles peligros a los que se tendría que enfrentar en caso de ser descubierto.
Por lo que se ve, las propuestas para cometer delitos era una constante entre este grupo de policías. En otra escucha, surge que Molina le propone a Frete un “trabajito” que resulta intrincado en su explicación. El mismo consistía en interceptar en la calle al vendedor de un arma, quitársela, para luego entregarla a un “compinche”, quien posteriormente se la vendería a otra persona, quedándose con el dinero.
Luego, Molina y Frete interceptarían al comprador y, al igual que hicieron con el vendedor inicial, lo obstaculizarían en la calle y le sustraerían el arma para finalmente venderla y quedarse con el dinero que obtendrían por dicha transacción. Es decir: dos “ventas” hechas con el mismo arma robada.
En una de las conversaciones, un sujeto le propuso cometer un robo, a lo cual Molina se negó. Lejos de denunciar el hecho, le brindó una serie de consejos para evitar ser descubierto.
El asesoramiento de presuntos delincuentes no se circunscribía únicamente a la venta de drogas. En otra escucha, aparece el agente Cocco brindando asesoramiento a una mujer para que su hermano, acusado por violencia de género, pueda pasar las fiestas de fin de año sin ser molestado.
Cocco le manifestó a la mujer que el hermano de ella debía presentarse en la Comisaría Duodécima por la denuncia en su contra, a lo que la joven le respondió que todos los miembros del grupo familiar se encontraban en Sáenz Peña, con motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Y que recién volverían en unos días, sin fecha concreta. Como si fuera un trámite más, Cocco le transmitió tranquilidad. “Ah, bueno. Este es mi número. De última, usted me avisa y yo voy a su casa. Y ahí yo le llevo a la comisaria a él, pero le dejamos que haga sus cosas tranquilos, que pasen bien”, respondió Cocco. Y añadió: “Pero voy a hacer un informe que es por razones de salud familiar que tuvo que viajar a Sáenz Peña a verle a una abuela, nomas. Yo le sugiero a él que por ahora no le mande mensaje no le diga nada, digamos, cosa que la otra chica se pueda tomar como amenaza”.
Las escuchas revelaron además otro negocio que se hizo con un bien secuestrado. Se trata de una motocicleta. En los audios, aparece nuevamente Cocco dialogando con un tal “Maxi”. Maxi se comunicó con el agente pidiendo ayuda para recuperar una moto secuestrada por pasar un semáforo en rojo, la cual quedó incautada en la Comisaría Primera de Resistencia.
Si bien la moto había sido vendida por Maxi a otra persona (a la que efectivamente se le secuestró el vehículo), la misma seguía registrada a su nombre. Ante esto, Cocco le propuso a su interlocutor recuperar la moto y luego pedir al nuevo dueño la suma 50 mil pesos, a cambio de entregársela. Le harían creer que había pagado dicho monto para recuperar el rodado en cuestión. Para concretar la acción ilegal, el agente le explicó que también deberá dejar alguna coima al policía de la Comisaría Primera que facilite el negocio. “Yo voy a tener que llegar con trato o tirarle algo”, advirtió.
Las coimas no sólo eran con droga y dinero, sino que también podían ser en especies. De acuerdo a una comunicación incluida en el expediente judicial, se desprende un diálogo entre Molina y Frete relativa a algo que una persona había prometido a “gente” de Molina como “gauchada”, aparentemente una caja de pollos.
“Mi gente dice que está viendo que le pediste vos, porque está viendo si te consigue. ¿O vos no lo mangueaste?”, pregunta Molina. A lo que Frete responde: “Yo no, seguramente los vagos le habrán pedido algo”. Molina, insiste: “Ah, los vagos jajajaja. Y vos le pediste la moto…”. “Y si pero él sabe que estaba en falta. Aguantame que voy a hablar con los vagos”, responde Frette.
“¿Viste el medio kilo que se secuestró? ¿Qué estamos esperando? Vamos a hacerle. Ahí yo consigo yeso y algo le armamos ahí, camuflado. El tema es que son ochocientos gramos. La moneda tenemos ahí”
Las inventivas de la banda criminal para hacerse de droga, que luego era utilizada para comprar informantes o para quedarse con ganancias al vendérselas a los dealers de la zona, llegaban a acciones realmente temerarias.
En otra escucha obtenida por la Justicia, Frete le menciona a Cocco que hay medio kilo de cocaína secuestrado, presuntamente en la Comisaría Duodécima. Y que podrían hacerse de esa sustancia, reemplazándola con yeso, para que sus superiores no se den cuenta de la faltante.
“¿Viste el medio kilo que se secuestró? ¿Qué estamos esperando? Vamos a hacerle. Ahí yo consigo yeso y algo le armamos ahí, camuflado. El tema es que son ochocientos gramos. La moneda tenemos ahí”, le cuenta Frete.
Apriete
Posteriormente a las detenciones de los policías y allanamientos en la comisaría y sus domicilios particulares, se sumó otra causa más contra los miembros de esta organización.
Molina y Cocco fueron imputados por amenazar al grupo de gendarmes que los venían investigando. La amenaza ocurrió el 12 de enero de 2022 durante una recorrida que realizaba personal de Gendarmería. En un momento dado el conductor del móvil advirtió que los venía siguiendo un automóvil Suzuki Fun. El vehículo logró sobrepasarlo y lo cruzó, colocándose delante, impidiendo su paso.
Del auto bajó el sargento Molina. Se presentó como personal de la Policía del Chaco y de manera muy agresiva interrogó a los gendarmes respecto de sus actividades en el barrio Santa Catalina. Los uniformados respondieron que sólo hacían “recorridas de prevención”.
Olfateando lo que ocurría, días más tarde, Molina retomó su idea de intentar amedrentar a los agentes de Gendarmería que lo investigaban. Para eso se subió a una moto Honda Tornado y, acompañado de otro compañero, se presentó en la Unidad de Reunión de Información (el grupo de inteligencia de Gendarmería). Ambos estaban armados con escopetas. La situación no pasó a mayores.
Los policías investigados querían data respecto de qué pasaba en Gendarmería. Saber detalles de la investigación. Qué sabían y qué no. Es por eso que se comunicaron en varias oportunidades con el suboficial principal de Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua. Cumpliendo funciones en Río Gallegos, Paniagua les brindó información sensible tanto de la estructura de la fuerza federal como de la pesquisa en curso. Por este accionar, el fiscal Sabadini también lo imputó por revelar secretos oficiales.
“Desde 2021”
“La organización conformada por Ester de la Cruz Pereña, y los funcionarios policiales Molina, Cocco y Frete habrían comenzado a operar en el año 2021 a fin de llevar a cabo la concreción de diferentes ilícitos”, señaló el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.
“El acuerdo para la actuación de los miembros de la asociación ilícita se observa de las intervenciones telefónicas realizadas respecto de los abonados utilizados por los encartados en donde se vislumbra perfectamente cómo estos actuaban coordinadamente en la jurisdicción donde los miembros de la Policía del Chaco operaban, más precisamente en la Comisaría Duodécima”, añadió.
En relación a Paniagua, indicó que “con su accionar, reveló información y datos de carácter confidencial, relativo a sus funciones como miembro de una fuerza de seguridad, cuando dio indicaciones específicas al encartado Molina respecto de la Unidad de Reunión de Información (URI- Chaco) de Gendarmería (…)” poniendo “en riesgo las investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo”.
En el juicio, Molina, Coco y Frete deberán responder por las imputaciones de cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita, todo en concurso real. Pereña, por su parte, quedó imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autora, cohecho activo en carácter de autora, y coautora de asociación ilícita, todo en concurso real. En tanto que el gendarme Paniagua fue requerido por el delito de revelación de secreto oficial.
Además de Cocco, también irán a juicio oral el sargento de la Policía del Chaco, Rubén Alberto Molina; el agente, Matías Josué Frete; el gendarme, Miguel Hugo Paniagua y la presunta dealer, Ester de la Cruz Pereña.
REVISTA LITIGIO
