El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones fue uno de los proyectos que el presidente Javier Milei más insistió para su aprobación, y a la vez, el que más reparos encontró entre sus opositores. Uno de ellos es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que no solo se opuso desde un principio a la iniciativa -y pesó en la decisión que marginó a la provincia de la multimillonaria inversión por GNL- sino que ahora impulsa una medida similar, con sello propio.
Desde hace meses, Kicillof insiste en la necesidad de resguardar a las pymes de la provincia de Buenos Aires, por lo que se niega a adherir al mencionado régimen nacional y busca sumar voluntades en la Legislatura para aprobar una iniciativa propia. Se trata del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE).
De momento, el gobierno bonaerense no acercó a las bancadas legislativas el texto del proyecto. De allí la importancia de lo que será el primer contacto oficial con los representantes de ambas cámaras en la Legislatura, que sucederá en los próximos días, cuando este martes se haga presente el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.
Según confirmaron fuentes de la cartera que conduce Costa a TN, el encuentro será el próximo martes y participarán los jefes de bloque tanto de Diputados como del Senado. Hasta acá, la oposición se mostró muy crítica con Kicillof por no adherir al RIGI y lo responsabilizaron por la pérdida de la inversión de YPF y Petronas (Malasia), que estaba encaminada desde hace años.
El último martes, Kicillof y Costa dieron los primeros detalles del proyecto en un acto en Ituzaingó. Según explicaron, el objetivo de la iniciativa es “generar producción y trabajo” y se apunta inversiones desde los US$ 50 millones.
“Hemos empezado a hablar con la Legislatura bonaerense sobre los lineamientos. Es una ley de desarrollo económico y desarrollo industrial”, explicó el Gobernador. Y apuntó contra el RIGI de Milei: “No podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones en la argentina, sea la de rifar recursos naturales y no agregar recursos naturales”.
Las diferencias entre el RIGI de Milei y el bonaerense
El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas está destinado a los sectores de la industria manufacturera, servicios, inversiones intensivas en recursos naturales, y proyectos estratégicos. El plazo para presentar proyectos es de 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley y se pueden abrir futuras convocatorias.
La iniciativa bonaerense establece beneficios impositivos, diferenciados en tres categorías de inversiones. Aquellas que aporten hasta US$ 50 millones por 5 años, tendrán un 30% de exención impositiva. En tanto, aquellos que inviertan entre US$ 50 millones y US$ 200 millones durante 4 años recibirán un 25% de exención impositiva. Y las inversiones mayores a USD 200 mill 3 años y 20% de exención impositiva.
Un dato clave es que en la iniciativa se aclara que los proyectos elegibles son aquellos que contemplen una planta nueva, ampliación de instalaciones existentes. Y en todos los casos se especifica que no puede implicar una reducción del empleo.
En el caso del RIGI nacional, entre los principales beneficios se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones. Además, se garantiza estabilidad tributaria y aduanera por 30 años.
En este sentido, los montos mínimos de inversión varían según el sector, y comienzan en US$ 200 millones. Los sectores incluidos son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Para algunos subsectores específicos, como la explotación y producción de petróleo y gas costa afuera, el monto mínimo se eleva a US$ 600 millones. Incluso hay una categoría especial llamada “Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo”, que requieren una inversión mínima de US$ 2.000 millones.
Al igual que en el caso provincial, las empresas tendrán un plazo de 2 años para adherir al régimen, a partir de la entrada en vigencia del decreto. Esto significa que las compañías tienen hasta agosto de 2026. Y las provincias que decidan adherir al régimen deberán garantizar la estabilidad fiscal para los proyectos aprobados
