El juez federal Ariel Lijo compareció ante la Comisión de Acuerdos del Senado con la ayuda de tres asesores, ubicados justo detrás de él. Con una batería de anotaciones que desplegó en el escritorio desde donde expuso, se presentó ante los senadores “como un trabajador judicial”, por momentos se victimizó, sorteó los cuestionamientos de género y titubeó ante las objeciones sobre su desempeño en causas de corrupción de alto voltaje.
Igual la sensación fue que, pese a los sobresaltos, en ningún momento se sintió arrinconado por los senadores. La dinámica de preguntas y respuestas también contribuyó a generar espacios de descompresión.
Las objeciones fueron diversas y se extendieron por más de siete horas. Las más de 480 preguntas realizadas, de las cuales se leyeron solo 182 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, fueron el preanuncio de una audiencia cargada de tensión por su nominación, que generó, como nunca antes, el interés de la opinión pública. La “falta de idoneidad moral” fue uno de los cuestionamientos que más se repitió entre los legisladores presentes en la Comisión de Acuerdos. A lo largo de la audiencia, su semblante pasó de calmo a tenso, algo que se notaba por el enrojecimiento de su rostro.
El punto más flaco de su defensa se dio cuando trató de contrarrestar los cuestionamientos sobre la forma en que obró en algunas de las causas de corrupción más sensibles para el país, como la reestatización de YPF, la que pesó sobre el gobernador formoseño Gildo Insfrán por el caso The Old Fund, y la que investigó la corrupción de la empresa Siemens para quedarse con el negocio de los DNI. Lijo se amparó en secreto de sumario sobre causas en curso para responder de manera escueta.
Al final, agradeció a los senadores presentes y concluyó: “Espero haber satisfecho sus interrogantes. Sea cual sea el resultado, estoy convencido de que hay que trabajar sobre muchas de las cuestiones que hablamos hoy”.
Idoneidad moral
Tras ser objetado por su honorabilidad por la mayoría de los senadores, el juez rechazó de manera “categórica” este argumento en su contra, catalogó de “injustas” las denuncias y subrayó que los magistrados “están sometidos a un escrutinio constante”. Frente a la catarata de consultas respecto de su idoneidad, por momentos exhibió signos de fastidio: “En 20 años no recibí ninguna sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca. Ni una sanción”, repitió.
“Fui denunciado de forma sistemática. Cuando uno recibe una denuncia injusta que versa sobre cuestiones que desconoce son situaciones en la que uno pone en juego sus propias convicciones. ¿Qué debe hacer un juez frente a falsas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active todo el sistema de justicia y todos los recursos que el Estado tiene de investigación porque los jueces están sometidos al escrutinio constante”, respondió.
El juez recordó que fue investigado por la UIF, por la AFIP y por el Ministerio Público y el Juzgado Federal durante tres años. “En los que me abstuve de intervenir. Las imputaciones originales fueron falsas y Mario Cúneo Libarona nunca fue mi abogado, no tuve abogado defensor porque no tuve imputación”, dictaminó, y agregó: “Lo vivo como un episodio de injusticia sobre todo porque tengo un manto de sospecha falaz. Es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral y lo rechazo de manera categórica”.
“Ineficacia” como juez federal
Más de un senador cuestionó el accionar de Lijo como juez federal. Entre otros, los radicales Carolina Losada (Santa Fe), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Eduardo Vischi (Corrientes), la macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa). La primera en hacerlo fue Losada, que basó su objeción en datos del Consejo de la Magistratura, correspondientes a 2016. “Hasta ese momento, pasaron 161 causas en las cuales 66 permanecían abiertas, algunas descansando por más de diez años”, arremetió la legisladora santafecina.
En líneas generales, el resto de los senadores repitieron los argumentos de Losada, que versaron en torno a las demoras en las tramitaciones de las causas de corrupción y la ineficiencia en la resolución de esas causas. Blanco, incluso, se animó a catalogarlo como “uno de los jueces con el mayor porcentaje de causas sin respuestas”.
Para contestar, el juez federal se excusó detrás de la “rigidez” de los procesos judiciales. “En criminalidad trasnacional, los períodos de demora, de exhortos y de pedidos de información son fenomenales. Los tiempos promedio de respuesta de un exhorto internacional son de seis meses, y es incompatible con los resultados este tipo de esquema de investigación, que son rígidos”, detalló Lijo.
A su vez, habló del “sesgo” de las estadísticas, que, según su criterio, no tienen en cuenta todo el derrotero de un expediente. “Están basados en el universo de casos que se escogieron para auditar y no en la totalidad. Y tienen ese sesgo que evaluan las empezadas versus las concluidas. No tienen en cuenta las sucesivas denuncias en esos expedientes que están tramitando y que generan un límite respecto de la información que yo puedo brindar porque son causas en trámite”, consideró. Y remató: “El juez de primera instancia es el más controlado”.
Paridad de género
Los legisladores Blanco, Losada, Lucila Crexell (Comunidad Neuquén-Neuquén), Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba) y Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria-Mendoza), entre otros, objetaron la falta de paridad de género que supone la nominación de Lijo en reemplazo de la magistrada suprema, Elena Highton.
La acusación más vehemente fue la de Losada, que señaló la contradicción del juez federal al defender la igualdad de género y pretender ocupar el lugar en la Corte que dejó una jueza mujer.
“Esa es una evaluación que no me corresponde a mí”, afirmó Lijo, deslindando la respuesta al Poder Ejecutivo, que fue quien lo nominó. “Complicidad parece implicar un acuerdo que no es lícito; pero, repito, que no es una respuesta que debo dar yo lo que es la cuestión de género” en la Corte, completó el juez federal.
Causas de corrupción
El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, consultó al juez federal por la injerencia de su hermano Alfredo “Fredy” Lijo en su trabajo, cuestionó el envío a Formosa de una causa contra el gobernador Gildo Insfrán, preguntó la razón que motorizó su retraso en definir la causa por la reestatización de YPF de 2012 y objetó la falta de procesamiento de funcionarios nacionales en la causa Siemens, donde se investigó las coimas que pagó la multinacional alemana para quedarse con el contrato para la confección de los DNI en la Argentina de los ‘90.
“Efectivamente, este es el ámbito donde tengo que dar explicaciones. Sin embargo no soy ajeno a las especulaciones ni tampoco mi familia. Por eso dije que después de someterme a investigaciones exhaustivas del Estado, con causas cerradas, sigue habiendo un manto de sospecha sobre mí. Soy una persona íntegra y lo he demostrado”, dictaminó Lijo.
Para responder por la causa YPF, por la que la Argentina podría estar obligada a pagar un resarcimiento de U$S16.000 millones, Lijo se tomó un momento para revisar el fallo. Pidió a sus asesores que le busquen “los papeles” y utilizó sus anteojos para leer sus anotaciones. “Es especialmente delicado que me expida sobre la causa, pero hay muchos aspectos que no se han logrado probar todavía”, señaló.
Sobre Siemens, respondió que fue una causa trasnacional, que se trató de uno de los “trabajos artesanales más complejos” que enfrentó su juzgado, pero no ahondó en detalles porque, argumentó, se trata de un “expediente en trámite”. “Trabajamos muchísimo para que los países colaboren con la Argentina”, señaló. Sobre la falta de imputación a los funcionarios nacionales, argumento que “se avanzó muchísimo en la averiguación y circulación del dinero en los paraísos ficales y se determinó que esos fondos nunca ingresaron a la Argentina”, razón por la cual, indicó, dispuso el archivo de esa causa.
Respecto del traslado de la causa contra Insfran al fuero de Formosa, indicó que hubo un precedente de la Corte que establece que cuando hay una afectación de fondos provinciales, la competencia judicial recae en la justicia federal de la provincia competente.
