Juicio por YPF: tras la apelación, los demandantes hicieron un pedido que puede afectar a la petrolera

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF presentaron su respuesta a la apelación que la Argentina hizo en febrero sobre la sentencia de primera instancia, que la condenó a pagar más de US$16.000 millones por la nacionalización de la petrolera. El principal pedido de los demandantes es que la compañía vuelva a ser incluida en el litigio, aunque fue desligada de responsabilidades previamente.

“Desde marzo del año pasado sabemos que los beneficiarios tienen esta intención. Mientras el caso permanezca abierto, las chances de que YPF sea reincorporado al litigio están. Son pocas, pero existen”, sostuvo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue los litigios contra la Argentina en el exterior. De suceder, sería una muy mala noticia para la compañía y eso repercutiría en el valor de su acción, que cotiza cerca de US$20 y subió más de 15% en el año.

En su cuenta de X, Maril publicó un fragmento del escrito que los demandantes presentaron en la Corte de Apelaciones. “Las promesas de los acusados aquí no fueron comentarios ni acuerdos casuales. Eran compromisos inusuales -e inusualmente claros- que eran necesarios para brindar comodidad a los posibles inversores y permitir que una nación extranjera con un pasado económico accidentado accediera a los mercados de capital estadounidenses y recaudara miles de millones de dólares”, argumentaron los beneficiarios en relación con los compromisos asumidos al momento de la privatización de YPF.

Y agregaron: “Si esas promesas pueden ignorarse con impunidad, los demandantes resultarán perjudicados en el corto plazo, pero todos los inversores y los gobiernos extranjeros por igual perderán en el largo plazo. Este Tribunal debería respetar las claras promesas de los demandados y reparar sus claros incumplimientos”.

Por su parte, Sebastián Soler, que fue subrocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, citó en sus redes sociales otra parte del escrito, en el que los beneficiarios rechazan los planteos de la Argentina respecto a que la justicia estadounidense no tenía facultades para intervenir en el caso de la expropiación.

A la vez, el experto destacó que la mayor novedad fue que los beneficiarios preguntaron a la Corte de Apelaciones si la jueza Loretta Preska -de primera instancia- “se equivocó” al exonerar a la petrolera “a pesar del incumplimiento por parte de YPF de su propia obligación contractual independiente de tomar medidas si un adquirente violaba los requisitos de oferta pública de adquisición”.

Ahora, explicó Soler, la Argentina e YPF pueden presentar escritos refutando los argumentos de los demandantes y luego habrá otro cruce de presentaciones finales. “A partir de septiembre la Cámara podría agendar una audiencia para escuchar a las partes. Su fallo recién en 2025″, anticipó el exfuncionario en sus redes.

Los argumentos de la apelación argentina

La forma de proceder en el caso de una apelación es hacer preguntas. En el escrito que presentó en febrero, la Argentina formuló tres preguntas que son la base de su defensa.

Por un lado, cuestionó la jurisdicción porque considera que la justicia estadounidense no debía intervenir en un caso ocurrido en la Argentina y entre accionistas de una empresa local. Al mismo tiempo, dijo que la acción legal en Estados Unidos permitió a los demandantes buscar una indemnización a pesar de los límites que establece el Código Civil argentino.

Finalmente, los abogados que representan al país se preguntaron si, como mínimo, el tribunal de primera instancia cometió un error al calcular los daños de los demandantes, al no aplicar la regla del día del fallo para la conversión de moneda; y al aplicar la fecha incorrecta de incumplimiento y la tasa incorrecta de interés previo al fallo según la ley argentina.

Luego de enviar ese escrito, se presentaron varios apoyos para el país, bajo la figura del “amicus curiae”. Entre ellos, hicieron claro su respaldo Chile, Ecuador, Brasil y Uruguay. También hicieron lo mismo la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y Colegio Público de Abogados.