El Senado de la Nación tiene previsto sesionar mañana, jueves, con un temario en donde la atención está puesta en el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que desregula la economía eliminando 80 leyes y modificando otras 200 normas.
Sin embargo, en las últimas horas se conoció que falleció la esposa del presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala. Esta noticia pone en duda el llamado a sesionar que hizo Victoria Villarruel.
Las razones no son solo por el acompañamiento al momento que vive el senador Abdala sino que tiene una razón matemática: significaría un voto menos para apoyar la constitucionalidad del DNU 70/2023. Mucho más en un contexto en donde no está asegurado que la oposición cuente con los 37 votos necesarios para poder lograr imponer el voto en contra en la Cámara alta.
Esto se definirá esta tarde alrededor de las 18 cuando se realice la reunión de labor parlamentaria entre los presidentes de cada uno de los bloques .
Unión por la Patria ya había realizado tres pedidos de sesión que Villarruel había desestimado teniendo en cuenta que el bloque es la primera minoría en la Cámara alta y cuenta con 33 legisladores, a sólo cuatro del quórum. La estrategia de ganar tiempo que había adoptado LLA se complicó días atrás cuando los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider presentaron otra nota para sesionar y analizar el mega DNU, lo que dejó al oficialismo al borde de una derrota.
La llave nuevamente está en la Unión Cívica Radical. El bloque, que cuenta con 13 senadores, está dividido y sin una posición única. “Es un final abierto”, explicó una fuente de la UCR.
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El senador Martín Lousteau, presidente de la UCRCon el fin de encontrar una salida, los senadores de LLA y algunos de sus socios en la Cámara alta presentaron una nueva solicitud de sesión sin incluir en el temario el DNU. La idea era avanzar con otros temas a los que proponía el kirchnerismo.
Finalmente, Villarruel cedió y llamó a sesionar con un temario que incluye el DNU y en donde también aparecen el retiro e ingresos de pliegos -embajadores, judiciales-, convenios internacionales y la autorización al presidente para que se ausente del país durante este año.
Además, también se va a sumar el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y votado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza con el radicalismo, el PRO, los peronistas de Unidad Federal y legisladores “del medio” -como los renovadores misioneros- el oficialismo se llevó el dictamen del texto en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda.
La previa de dicho cónclave fue la intervención de la Casa Rosada -a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona– para convencer a la oposición no kirchnerista de avanzar con un dictamen y saldar, con la reglamentación de la ley, algunos puntos que fueron advertidos no sólo en Diputados, sino también durante el plenario de comisiones concretado en el Senado. Uno de ellos es la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), con injerencia clave del Ministerio de Economía.
