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Nayib Bukele dice que está en condiciones de contener la violencia en Haití: “Podemos arreglarlo”

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que podría arreglar el aumento de violencia que se está viviendo en Haití durante las últimas semanas.

“Podemos arreglarlo”, ha escrito el mandatario en su cuenta de la red social X, antes Twitter, respondiendo a una publicación que muestra la dura situación de Haití.

“Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir”, ha agregado en el mismo mensaje.

En las últimas semanas, Puerto Príncipe (capital de Haití) ha vuelto a ser escenario de un aumento de la violencia entre las bandas que se disputan el control de la capital, después de que 4.500 presos lograran escaparse de la principal cárcel de la ciudad, el pasado fin de semana.

Foto de archivo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. EFE/Javier Aparicio
Foto de archivo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. EFE/Javier Aparicio

Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, ha lanzado esta semana un órdago al primer ministro, Ariel Henry, a quien ha amenazado con sumir al país en una “guerra civil” si no presenta su dimisión en medio de un escenario de caos absoluto dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise.

Meses de violencia han llevado al gobierno de Haití al borde del colapso, con bandas cada vez más poderosas que exigen la dimisión del primer ministro Ariel Henry, que permanece fuera del país, aparentemente incapaz o no dispuesto a regresar.

La ONU estima que en Haití operan 200 pandillas, grupos organizados que usan “armas de fuego sofisticadas” y se dedican al “tráfico de armas o drogas, extorsión, secuestro, asesinato, violencia sexual y desvío de camiones”. Unas 23 bandas operan en la capital y controlan el 80% del territorio.

Haití está a la espera del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia y que en octubre pasado aprobó Naciones Unidas, sin embargo ahora Bukele deslizó que está dispuesto a intervenir.

El Salvador lleva dos años bajo un polémico régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 y, desde entonces, ha sido renovado mes a mes por los parlamentarios, sin interrupciones.

La medida suprime los derechos constitucionales y de asociación, permite que se intervenga la correspondencia y celulares de quienes se consideren sospechosos y extiende hasta los 15 días la ventana para las detenciones administrativas.

Hasta el momento, esta política gubernamental de mano dura contra las pandillas permitió el arresto de unas 78.175 personas y una baja significativa en la tasa de violencia y homicidios que, el 27 de marzo de 2022, llegó a un pico de 62 asesinatos en un sólo día.

Pandilleros trasladados al Centro de Confinamiento de Terroristas de El Salvador (Reuters)Pandilleros trasladados al Centro de Confinamiento de Terroristas de El Salvador (Reuters)

Tras la implementación de la política de Bukele, la inseguridad disminuyó considerablemente, contabilizándose en 2023 apenas 214 asesinatos -38 de ellos de presuntos pandilleros-. En tanto, en lo que va del año, se dieron nueve homicidios en enero, apenas seis en febrero y tres en lo que va de marzo, es decir, 18 en total. El Presidente celebró que febrero fue el mes más seguro en la historia del país, en un intento por destacar el “éxito” de su política, que mantuvo como eje de su campaña para las recientes elecciones.

No obstante, esta decisión suscitó críticas y advertencias de organismos de derechos humanos desde el primer momento.

La organización Cristosal lleva contabilizadas ya más de 3.500 denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias y torturas entre otras agresiones mientras que Amnistía Internacional sumó que han ocurrido también muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado junto con tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.

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