El Gobierno metió de prepo en la cumbre de los gobernadores un cambio a los impuestos internos al tabaco a pedido de Philip Morris.
«Hay que aprobar lo del tabaco, tenemos que cumplir con Massalin», les pidió Guillermo Francos a los diputados que reunió en las horas previas a la cumbre de este viernes. El ministro del Interior recibió a Cristian Ritondo, Diego Santilli y Miguel Pichetto y el Gobierno filtró que el motivo del encuentro era discutir los salarios de los diputados.
El tema de fondo era mucho más jugoso: Francos pidió que lo apoyen para modificar los impuestos internos al tabaco, un reclamo de Massalin Particulares S.A,, la controlante de Philip Morris, que ya había naufragado en su primer intento en la ley ómnibus.
La elección que hizo Francos de los diputados no fue al azar: se trata de legisladores que no son «pro Massalin» como otros y por eso el gobierno busca ablandarlos. Ricardo López Murphy, por caso, es quien empujó la ley en el Congreso y votó todo a favor, lo que no lo salvó de los agravios de Javier Milei.
LPO anticipó que Federico Sturzenegger, el asesor fantasma de Milei, puso a un hombre de Massalin a redactar el proyecto que beneficia a las tabacaleras multinacionales y fulmina a la industria nacional.
Se trata de Javier Ortiz Batalla, a quien Sturzenegger tuvo como Economista Jefe en el Banco Ciudad, una entidad que luego presidió desde 2016 a 2020. Antes de entrar al Ciudad, Ortiz Batalla fue vicepresidente de Massalin, que además de Philip Morris comercializa en Argentina los cigarrillos Marlboro y Parliament, entre otros.
En medio de todos los cambios que sufrió la frustrada ley ómnibus, en el texto final había sobrevivido el artículo que eleva la alícuota del impuesto internos a los cigarrillos del 70% al 73%, eliminando el «impuesto mínimo» establecido en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que había sido objeto de otro duro enfrentamiento entre las tabacaleras extranjeras de la Cámara de la Industria del Tabaco (CIT) y las tradicionales nacionales (UNTAPYA).
La ley 27430 -conocida como Ley Massalin-, estableció un impuesto mínimo de $ 28,00 -actualizable trimestralmente desde 2019- para cada envase de veinte unidades. El objetivo de la ley era reducir el impuesto interno de las marcas internacionales y aumentar drásticamente la alícuota para las marcas nacionales.
Massalin también pide tributar los Productos de Tabaco Calentado (PTC) y el vaping al 20%. Se trata de productos prohibidos por ANMAT y ministerio de salud, además de generar controversia a nivel mundial porque generan adicción en los chicos y casos mortales de neumonía.
En medio del tratamiento de la ley, Philip Morris tentó a varios diputados con un viaje para conocer sus instalaciones en Suiza. El viaje no se concretó y la ley tampoco. Ese es el modus operandi de la tabacalera. En Colombia se armó un escándalo cuando Philip Morris invitó a 12 congresistas a Suiza justamente en medio del debate por la regulación de cigarrillos y vapeadores.
En la cumbre de Davos a la que viajó Milei en enero también quedó al descubierto el cabildeo: en medio del foro mundial, Diana Mondino se pegó una escapada a Lausana para reunirse con Matías O’Farrell, el vicepresidente de Asuntos Externos para las Américas de Philip Morris.
